Un aplauso para el presidente Juanma Moreno por su decisión de comprar la finca Veta La Palma para incorporarla al parque nacional de Doñana. Excelente idea es ampliar el parque en un 14 por ciento con esta finca de 7.000 hectáreas. Veta la Palma es importantísima para la protección del parque. Chapó para la estrategia política de adquirir esa finca para encubrir el crimen de la ley de regadíos que va a perpetrar en el Parlamento de Andalucía. Como estrategia, impecable. Pero como solución al problema de la falta de agua que sufre Doñana, un parche. Primero porque esa finca ya forma parte del parque natural y es refugio de miles de aves acuáticas expulsadas de Doñana por la sequía que asuela sus humedales.
Por lo tanto, Veta la Palma no añade a Doñana nada que no tenga ya. Y, segundo, porque esa compra va a costar a todos los andaluces un dineral. Dineral que, para colmo, va a recibir una empresa que había decidido abandonar esas tierras por falta de interés económico. Habría que explorar la vía de la expropiación por interés general, con su consabido justiprecio, mucho más barato, antes que la compra directa. Para quienes no conozcan la estructura administrativa de Doñana habría que aclarar que el espacio protegido está compuesto por tres territorios bien definidos: la Estación Biológica de Doñana (el corazón), el Parque Nacional (el tórax que lo contiene) y el Parque Natural (el caparazón que lo protege).
A pesar de esa diferente dependencia, en su conjunto los tres elementos componen el espacio protegido conocido como Doñana. No existen tres Doñana, sino una, y la misión es garantizar su sostenibilidad. Pero cada una de esas partes depende de una administración y tiene un reglamento de gestión. La Estación Biológica (6.794 hectáreas) depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ministerio de Ciencia e Innovación). El Parque Nacional (54.252 hectáreas) depende del ministerio de Transición Ecológica. Por último, el Parque Natural (68.236 hectáreas) depende de la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
Hay otros organismos muy importantes a efectos de gestión del espacio protegido: las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, ambas adscritas al ministerio de Transición Ecológica, Costas y ayuntamientos. En medio de esa maraña administrativas, Doñana es una moneda de cambio, una patata caliente que pasa de mano en mano sin que nadie ponga pie en pared. La reserva natural más importante de Europa sufre una dramática escasez de agua provocada por el expolio al que está sometida desde hace décadas y lo único que se le ocurre a la Junta de Andalucía es presentar una ley para legalizar el expolio y después, ante el escándalo formado y las amenazas de la UE, levanta la cortina de humo de la compra de Veta la Palma.
Veta la Palma, aunque de propiedad particular, a efectos de protección es territorio del Parque Natural. Eso quiere decir que la Junta, desde el momento que lo declaró parque natural en 1989, debe controlar a través del Plan Rector de Uso y Gestión lo que se hace en ese espacio de 11.300 hectáreas y velar por que sea compatible con la protección del medio ambiente. La propiedad es particular, pero todo lo que se haga allí debe ser autorizado por el director del parque natural, que en este momento es Juan Pedro Castellanos. Bienvenida la finca al parque pero ¿realmente hace falta gastar tanto dinero por un territorio cuyo principal valor es la lámina de agua que la cubre? Lámina que, sépase, está formada por aguas bombeadas del Guadalquivir. O sea, la Confederación del Guadalquivir (entidad pública) concede agua de riego a un empresario y la Junta (entidad pública) se la compra para beneficiar a Doñana (y de paso tapar las vergüenzas de la ley que legalizará cientos de hectáreas que roban agua a Doñana. Como se ve, todo muy lógico.
Que nadie se sorprenda porque esa ha sido y sigue siendo la práctica habitual de las administraciones -todas y de todo signo político- en lo tocante a Doñana y, en general, a los espacios públicos. Primero, mirar para otro lado durante años: ha tolerado pozos ilegales a mansalva. Segundo, echarse las manos a la cabeza cuando no tiene más remedio que enfrentarse a la realidad: Doñana agoniza. Tercero, legalizar a los okupas: es lo que viene a hacer la proposición de ley del PP y VOX que se debatirá el 10 de octubre en el Parlamento. Por último, acudir con dinero público a comprar las fincas que están dejando sin agua a Doñana. Es lo que hizo la Confederación del Guadalquivir con las fincas Matalagrana y Los Mimbrales. Es lo que hizo en 2003 el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD) y es lo que va a hacer la futura ley amnistía de los regadíos ilegales.
Escribíamos el pasado 21 de mayo en este periódico un artículo con el título de "Al final, Doñana siempre gana". Y es verdad, aunque suele salir maltrecha de cada batalla. Doñana tiene todos los reconocimientos como espacio natural de enorme valor ecológicos, pero le falta el título de "superviviente ejemplar" porque a pesar de todos los pesares, también de esta batalla sale con más superficie que tenía, las 7.500 hectáreas de la Veta la Palma. Enhorabuena. Pero sigue gravemente amenazada por el expolio de sus aguas. Doñana sufre la gran paradoja de estar sobre el gigantesco acuífero 27, una masa de agua subterránea que ocupa un espacio de 2.300 kilómetros cuadrados, pero cuya superficie esta poblada de una manada de seres que solo saben crecer destruyendo el planeta que les da cobijo.
