La educación es un proceso vivo en continuo proceso de cambio, hecho que no podemos olvidar porque así se adapta a los nuevos adelantos técnicos y a las nuevas tendencias culturales. Los sistemas educativos nacionales comenzaron a diseñarse en los países europeos a lo largo de siglo XIX y aunque en España ya se establecían artículos referentes a la educación en la Constitución de 1812, en los que se hacía mención expresa de que la educación era un asunto del Estado, no sería hasta la aparición de la Ley de Educación de 1857 cuando se concretarían y fundirían todas las normativas que se habían ido promulgado. A pesar de ello el proceso evolutivo sería muy lento. Al llegar al siglo XX, en el primer tercio, se producirían importantes avances, aunque no suficientes para paliar los problemas de que adolecía el sistema educativo: elevado analfabetismo en niños mayores de diez años; niños sin escolarizar por falta de escuelas; colegios mal acondicionados y faltos de recursos; elevado porcentaje de escuelas unitarias; dependencia de los ayuntamientos y existencia de una dualidad educativa, colegios públicos y colegios religiosos.
La llegada de la II República supuso un revulsivo en la educación, pues el ideario republicano estaba cargado de ideas de la Institución Libre de Enseñanza y del Movimiento de la Escuela Nueva. En el primer bienio de gobierno republicano-socialista se comenzaron a establecer e impulsar reformas para abordar los graves problemas del sistema educativo y darle un impulso a la educación del país, pues los gobernantes consideraban que el primer eslabón para llegar a la libertad de los ciudadanos era la educación y la cultura.
En Fuentes, la situación educativa a la llegada de la II República era insuficiente y dual. Por un lado estaban las escuelas nacionales, organizadas por el propio ayuntamiento, 3 aulas de niñas, situadas en el edificio del antiguo hospital, en la calle San Sebastián, y 4 aulas de niños en el edificio del pósito municipal, actual hogar del pensionista. Por otro lado, existían dos congregaciones religiosas que se dedicaban a la enseñanza. Desde el 1904 se habían instalado aquí las Hermanas de la Cruz, que, aunque en un principio, se habían dedicado al cuidado de los enfermos, regentando el hospital de San Sebastián, pronto se dedicarían a la enseñanza y formación de niñas externas.
También, en el año 1929, llegaron a Fuentes los salesianos de don Bosco por medio de las hermanas María de los Ángeles y Ana Sevilla, que habían fundado un patronato con su casa de la calle Fernando de Llera y unos solares en la calle del Convento, comprados al ayuntamiento. que habían formado parte del antiguo convento de los Mercedarios y fincas agrícolas que proporcionaban las rentas necesarias para la subsistencia de dicho patronato. Este se había creado con el fin de beneficiar la educación de los niños del pueblo cuyas necesidades básicas no estaban satisfechas, debido a las carencias económicas de sus progenitores. Tanto las religiosas como los frailes impartían una enseñanza con una importante carga religiosa.
Para tener una visión clara de la situación de la enseñanza pública de nuestro pueblo vamos a analizar algunas sesiones de la corporación municipal republicana que, como no podía ser de otra manera, estaba muy preocupada porque la enseñanza fuera universal para todos los niños y niñas y que fuese laica como ordenaba el artículo 48 de la Constitución.
Lo primero que nos encontramos es la queja que la maestra de la escuela nº 3 de la villa, Dolores Acosta Vela, dirige al alcalde el 28 de enero de 1932, en su calidad de presidenta del consejo local de primera enseñanza. Manifiesta en la carta que, dadas las pequeñas dimensiones del local-escuela que tenía asignado y las pésimas condiciones en que se encontraba, le era imposible ejercer sus funciones profesionales. En vista de ello y haciendo propia la queja de la maestra, la corporación acordó, puesto que el ayuntamiento desde 1927 tenía solicitado y concedido la construcción de dos grupos escolares que debía hacer el propio Estado, con la aportación de 50.000 pesetas por parte del ayuntamiento, elevar un escrito al ministro de Instrucción Pública exigiendo la pronta realización de las obras, muy necesarias porque, además sería una solución para el grave conflicto del paro forzoso que se avecinaba. Para dar respuesta a la queja formulada se optó por destinar la escuela de párvulos que se estaba construyendo en el antiguo hospital para la maestra y sus alumnas.
Uno de los problemas acuciantes para la corporación republicana era conseguir que en el pueblo se cumpliera la laicidad de la enseñanza que disponía el artículo 48 de la Constitución. Muchos padres y madres, preocupados porque la escuela pública no solía cumplir con esta disposición, elevaron una queja al alcalde exponiendo que los maestros no cumplían con la fidelidad que debieran la misión que les estaba conferida, dándose el caso de seguir observando muchas de las festividades religiosas, a efecto vacacional, al igual que con el régimen caído. Estos hechos, además de ser una infracción tenía su repercusión en inculcar en la conciencia del niño las materias religiosas. Por las causas que anteceden recurrían a la primera autoridad local para suplicarle se sirviese disponer lo que estimase procedente en evitación de que estas anomalías volvieran a repetirse en los centros escolares.
Para garantizar este avance en educación se construyeron miles de escuelas en todo el país, en donde más del 40 por ciento de la población era analfabeta. Las ayudas económicas, las becas para los estudiantes de bajos recursos permitieron que muchos alumnos, procedentes de clases humildes y situados en el medio rural, pudieran acceder a la escuela y posteriormente continuar sus estudios. Comenzó un tiempo de despertar educativo. Las clases trabajadoras veían acudir a sus hijos e hijas a los institutos y a las escuelas de formación media y superior. Se comenzó a romper la barrera de solo hombres y de buena posición social y fue apareciendo la democratización del sistema educativo.
En junio de 1933 se publicó la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, que en su artículo 30 legislaba que no podrían dedicarse al ejercicio de la enseñanza. Para vigilar esta disposición se crearon las comisiones mixtas en cada localidad a fin de llevar a cabo la sustitución de los contenidos religiosos en la enseñanza primaria y vigilar que no figuraran en el currículum. La representación del ayuntamiento en esta comisión mixta estaría a cargo de dos concejales nombrados en el seno de la corporación.
La comisión mixta podría tomar decisiones propias y proponer medidas al ayuntamiento para que la enseñanza estuviera acorde con las leyes y fuera más eficiente. El 8 de julio acordó solicitar al ayuntamiento que activase las gestiones para la construcción de grupo escolar, única forma de resolver el problema de la sustitución de la enseñanza religiosa en esta villa, puesto que los locales que provisionalmente deberían habilitarse no respondían a los postulados de la técnica educativa.
Realizados los estudios necesarios, la comisión proponía, como mínimo, la urgente creación de 8 escuelas nacionales -4 de niños y 4 de niñas- en régimen de escuelas graduadas, atendiendo a que, por efecto de la Ley de Congregaciones Religiosas, quedarían sin asistencia escolar en esta villa 227 niñas y 240 niños. Como medio de aumentar la matrícula, de manera provisional, se proponía el desdoble de las escuelas número 1 y 2 de niños y la número 1 de niñas y la graduación de las aulas, ambas cosas factibles porque apenas exigían gastos.
El alcalde propuso a la corporación que en la visita que el presidente de la comisión mixta iba a realizar a Madrid hiciera las oportunas gestiones tendentes a conseguir la construcción de los grupos escolares o, en caso contrario, cancelar el préstamo de 50.000 pesetas que el ayuntamiento tenía contratado con el banco de Crédito Local para este fin. A la vuelta de su viaje a Madrid, el presidente de la comisión mixta dio cuenta de las gestiones realizadas sobre los grupos escolares solicitados y los defectos que impedían la aprobación definitiva del expediente incoado en 1927, a fin de que la corporación los subsanara.
La corporación estimó por unanimidad que debían subsanarse todos y cada uno de los defectos señalados y se tomó el acuerdo de: 1º) Comprometerse a realizar las obras de construcción de los grupos escolares y no el Estado como se tenía solicitado. 2º) Aumentar la aportación de 50.000 pesetas que tenía ofrecida el ayuntamiento y depositadas en el Banco de Crédito Local para la construcción de los expresados grupos escolares en un 25%. 3º) Que en lugar de 8 escuelas que se tienen solicitadas en el mencionado expediente, se solicite hacer 2 escuelas graduadas de 4 grados cada una. 4º) Solicitar del Ministerio de Instrucción Pública que se confeccionen los proyectos de los mencionados grupos escolares. 5º) Solicitar del Estado una subvención de 12.000 pesetas por cada uno de los 8 grados de dichas escuelas graduadas, importando el total de dicha subvención la suma de 96.000 pesetas de acuerdo con el decreto de 5 de enero de 1933. Y 6º) Autorizar al alcalde para que mediante instancia dirigida al director general de primera enseñanza se trasladen los acuerdos adoptados, comunicándole la falta de locales adecuados que impiden la sustitución de la enseñanza religiosa afecta al 70% de los escolares. Y por último se propuso al ministerio la cesión del edificio y solar del antiguo hospital para la construcción de los grupos escolares, para que pudieran ser sustituidos los de carácter religioso.
A pesar de los avatares políticos posteriores, guerra civil y dictadura, el legado educativo de la II República ha perdurado y ha influenciado en las leyes educativas democráticas de nuestros días. Entre ellas destacaremos el laicismo en la enseñanza, la coeducación, una educación inclusiva y progresista y mejor calidad en los procesos enseñanza-aprendizaje y la incorporación de la formación profesional que actualmente vuelve a ser dual en el proceso en la que los alumnos interrelacionan instituto y empresa.
