Hace ocho días, el 18 de este octubre hubo una concentración en la plaza de España para protestar por los microcortes de energía que, año tras año y época tras época, se vienen produciendo en nuestra localidad, por el pésimo servicio eléctrico que nos están ofreciendo Endesa y Díaz Gálvez. El alcalde afirmó la necesidad de estar unido ante la realidad eléctrica que nos afecta a todos. ¿De quién es la culpa? Endesa dice que Gálvez, Gálvez dice que Endesa. Los sufridores somos nosotros que como afirmó la presidenta de la ACU dijo “basta ya, no queremos esperar más, nosotros cumplimos pagando las facturas y ellos no cumplen con su obligación de darnos un servicio de calidad. El alcalde en la reunión que tendrán con la dirección general de Energía de la Junta de Andalucía exigirá un calendario preciso, claro y real para la solución del problema eléctrico que sufre la población. ¿Creen ustedes que este es un problema nuevo? El problema es viejo: Fuentes y la empresa de Díaz Gálvez siempre han estado enfrentados.
Leyendo las actas municipales correspondientes al año de 1931, año de la implantación de la II República, concretamente al cabildo del día 26 de noviembre me encuentro el inicio de ella con que el alcalde, Manuel Muñoz Conde, manifiesta al cabildo que ante los frecuentes apagones del alumbrado público que se venían sucediendo casi a diario, sin causas que los justificasen, a pesar de las quejas y amenazas del alcalde al encargado del servicio eléctrico de la localidad, se había visto obligado a convocar a la comisión de la policía urbana, bajo su presidencia, para que emitiera un informe acerca de las medidas que pudieran y debieran tomarse por la corporación para corregir tan incalificable abuso.
La comisión de policía urbana, tras analizar concienzudamente la situación que se originaba con mucha frecuencia elevó a la corporación un informe analizando la situación y las medidas a tomar. En primer lugar, creía que las frecuentemente repetidas deficiencias en el alumbrado público, que muchas noches se producían, con una casi total carencia de alumbrado durante toda la noche y otras, dicha carencia lo era con intermitencias de hora a hora, y prácticamente en las primeras de la noche. A estas horas era más necesario el servicio, no sólo por los perjuicios, harto sabidos, que ocasionaban al común de vecinos, sino por los muy graves que acarreaban a la industria y al comercio de la localidad.
Por ello, y lejos de duda y a todas luces, era evidente que su imputabilidad se debía a culpables descuidos y negligencias del concesionario del servicio. Ya fuera por el deficiente estado en que estaban los aparatos productores de fluido eléctrico, ya por la deficiencia en la red conductora del mismo, toda vez que en modo alguno se podían atribuir a causas ajenas a su voluntad. Los imprevistos y grandes destrozos que se hayan originado no podían imputarse a los temporales, ya que en las noches de referencia no habían existido.
En segundo lugar, que no habiendo dado resultado para corregir el abuso y deficiencias las repetidas quejas, súplicas, amonestaciones y comunicaciones de la alcaldía al encargado de esta villa por el concesionario de este importantísimo servicio, a pesar de lo que estaba prescrito en el vigente contrato de concesión y teniendo en cuenta los perjuicios ocasionados, la comisión estimó que, como vía de corrección, debía imponerse por el ayuntamiento al concesionario Juan N. Díaz Custodio, único responsable de las mencionadas faltas y deficiencias, una multa de 1.000 pesetas que debería abonar en la depositaría de esta corporación municipal con arreglo a lo preceptuado en el artículo 35 de la instrucción aprobada por Real Decreto de 26 de abril de 1900.
Esta larga historia del alumbrado público había empezó allá por el año 1924 cuando, el 4 de junio de 1904 el ayuntamiento fontaniego, presidido por su alcalde, Francisco Javier de la Escalera y Fernández de Peñaranda, decide cambiar el alumbrado público de petróleo por el eléctrico, a propuesta del regidor síndico, siguiendo el ejemplo de otras localidades próximas y a las deficiencias que tenía el alumbrado de petróleo. Para ello la comisión de policía urbana confeccionó un pliego de condiciones por las que habría de regirse la subasta pública del servicio de alumbrado eléctrico de la localidad, por un valor anual de 4.000 pesetas.
El cabildo del 2 de julio del mismo año aprueba los pliegos de la subasta de dicho servicio y el 28 del mismo mes nombra el notario que habría de dar la certificación de la legalidad de dicha subasta. El día 4 de agosto del mismo año, conforme se había acordado y cumplido los plazos reglamentarios se constituyó la mesa de subasta para contratar el servicio de suministro de alumbrado público por medio de la electricidad y término de 20 años a partir del primero de enero de 1905. A la subasta sólo se presentó una proposición suscrita por los vecinos de Écija, Juan N. Díaz Custodio y José Piñero Fraile, a quienes provisionalmente la mesa adjudicó el referido servicio por la suma anual de cuatro mil pesetas, igual al tipo que venía fijado, por lo que la corporación municipal le otorgó el servicio del alumbrado eléctrico a los indicados proponentes.
Tras los oportunos trabajos de tendido eléctrico, así como de instalación de los aparatos productores de la energía eléctrica y las 850 lámparas, distribuidas por todo el pueblo, se inauguró el alumbrado público eléctrico el día 1 de enero de 1905. La central instalada en Fuentes de Andalucía fue termoeléctrica, que era una instalación en donde la energía mecánica que se necesitaba para mover el rotor del generador y, por tanto, obtener la energía eléctrica, se obtenía a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tenía una gran presión y se hacía llegar a las turbinas para que en su expansión fuera capaz de mover los álabes -cada una de las paletas curvas de la turbina que reciben el impulso del fluido- de las mismas. Una central térmica clásica, como era la de Fuentes, se componía de una caldera y de una turbina que movía el generador eléctrico. La caldera era el elemento fundamental y en ella se producía la combustión del carbón, fuel u otro combustible.
En el año 1926, tras cumplirse los 20 años de contrato con los anteriores concesionarios, se vuelve a iniciar los trámites para realizar una nueva subasta del alumbrado público municipal. Por ello, el cabildo acordó dar por terminado el contrato suscrito con Juan N. Díaz, José Pinero y Mariano Barrios, sacar a subasta pública el servicio bajo las nuevas condiciones que la comisión permanente del ayuntamiento creyese más oportunas a las necesidades locales del momento. A esta subasta se presentaron dos postores, Pedro Sanz García y Antonio Benjumea Parias. La mesa de subasta le adjudicó el suministro a este último señor. Aunque el primero presentó una reclamación, el cabildo concedió al señor Benjumea el remate de la subasta por 4.000 pesetas anuales. Pero este hecho quedó desierto debido a que el adjudicatario no había elevado a definitiva la fianza provisional, depositada en la caja municipal. Por ello, los primeros cocesionarios del servicio de alumbrado siguieron haciéndolo. La empresa eléctrica que inició la electrificación de Fuentes sigue proporcionando la energía a nuestro pueblo desde entonces, es decir, desde 1905.
En tercer lugar, que estando hecha la concesión del servicio de alumbrado público al expresado concesionario por 20 años a partir del 1 de enero de 1905, según contrato público, y terminada por consiguiente el 31 de diciembre de 1925, no obstante, vigente aún, por la falta de renovación se debería requerir a dicho Juan N. Díaz Custodio para la renovación, modificación y ampliación del contrato con este Ayuntamiento según las actuales exigencias y circunstancias.
Tras la oportuna lectura de dicho informe y la discusión y deliberación sobre las diferentes propuestas, el cabildo, teniendo en cuenta la imputación al concesionario Juan N. Díaz Custodio de las repetidas faltas y carencia de alumbrado, como fruto de descuidos y negligencias, tras oír el parecer del regidor síndico, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda imponerle una multa de 1.000 pesetas e instar al alcalde para renovar un nuevo contrato para adaptarlo a las nuevas exigencias y circunstancias de la localidad.
