El proyecto de ley de infancia y adolescencia de Andalucía ya ha superado el trámite de enmiendas a la totalidad y vuelve a la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para que elabore el texto definitivo que debe ser aprobado por el Parlamento andaluz. Esto significa que, por fin, está muy cerca de materializarse el anteproyecto que se empezó a gestar en legislaturas anteriores y que ha evolucionado con mayor lentitud de la necesaria y de lo que deseábamos todos los sectores profesionales y organizaciones de infancia. Esperemos que no haya ningún contratiempo político que impida su promulgación durante 2021.
Porque la infancia de Andalucía necesita desde hace años una ley que garantice la aplicación de sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad y de las competencias de las distintas administraciones. Es cierto que la elaboración del actual proyecto de ley ha sido muy participado y recoge muchas de las propuestas y anhelos de organizaciones de infancia, del tercer sector y de profesionales comprometidos con los derechos, con el bienestar y con la lucha contra los graves problemas que tienen gran parte de niñas, niños y adolescentes de Andalucía; lo que sin duda ha contribuido a hacerlo más próximo la realidad de las familias y de los profesionales. Problemas como la pobreza, la violencia, el fracaso escolar y el abandono académico en educación secundaria -sin una adecuada formación profesional que les prepare para incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones y evite el subempleo o el paro de casi la mitad de los jóvenes-, requieren que la infancia y la juventud sean consideradas una prioridad para la sociedad andaluza.
La ley de infancia y adolescencia es necesaria para incorporar al marco legislativo la propia evolución de nuestra sociedad, los avances en los criterios técnicos, los cambios acontecidos en las administraciones públicas, y que sea un instrumento para la mejora de las condiciones de vida, para el desarrollo, el bienestar y la salud de una parte muy vulnerable de nuestra población.
Según lo recogido en el actual proyecto, esta Ley no sólo estará dirigida a las administraciones, sino a la sociedad en su conjunto y establece espacios de participación de todos los ciudadanos, incluidas las familias y las propias personas menores de edad, lo que supone el reconocimiento de un derecho universal y, a la vez, una responsabilidad para todos. Es un avance importante que esta Ley interese al conjunto de la sociedad. La infancia es un gran patrimonio que tenemos como sociedad y debemos poner todos los medios para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la salud, las condiciones de la vivienda, facilitarle la educación y los estímulos necesario para su desarrollo y su inclusión social; a lo que tiene derecho por ser personas y por ser personas especialmente vulnerables. Por lo tanto, todos y no solo las instituciones, tenemos responsabilidades hacia nuestra infancia y esta ley lo establece con claridad.
Reconoce que los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, a la vez que deberes y obligaciones, tienen opiniones sobre las decisiones que tomamos los adultos sobre sus vidas, especialmente las instituciones que actúan para su educación, protección, salud o en el ámbito de la justicia; y por lo tanto deben ser oídos y atendidas sus peticiones salvo cuando esté en juego su integridad física, personal o sus derechos superiores. También resalta a las familias como institución fundamental para el desarrollo personal y para la prevención de problemas cognitivos, emocionales, de crecimiento, de salud y de inclusión social; y también hace mención especial a la atención a los casos de violencia que sufre un elevado porcentaje de este sector de nuestra población. Establece el apoyo a las familias vulnerables, en riesgo o en situación de precariedad, como una medida fundamental para prevenir los posibles efectos para la infancia.
En este sentido, destaca el compromiso de las administraciones para dotar de plazas gratuitas de educación en el período de edad desde el nacimiento hasta los 3 años de vida que se encuentren en zonas de exclusión social; lo que es una medida fundamental para compensar las posibles carencias de las familias, fidelizar la asistencia a la escuela y prevenir el abandono de los estudios y, con todo, sentar las bases para romper el círculo de la pobreza estructural que padece alrededor de un tercio de la población menor de 18 años en Andalucía. Lo ideal sería que esta medida fuera universal para toda la población menor de 6 años como derecho propio al aprendizaje y a la socialización, más que como una medida de conciliación del trabajo de los padres. Entendemos que la educación infantil de 0 a 6 años debe desarrollarse con un formado educativo adaptado a las características y necesidades de los niños y de las niñas, con horarios flexibles y con un número de alumnos muy reducido, que permita el trabajo eficaz y de calidad de los profesores. Pero al menos comienza por la población que más la necesita y eso es un buen comienzo.
También obliga a las instituciones a promover los derechos de la infancia, prevenir y atender a sus problemas y, a coordinar sus recursos y procedimientos para ser más eficaces y prevenir maltrato institucional y los procesos de revictimización secundaria por sus propias actuaciones. No obstante, desde nuestro criterio, debería mejorar en el concepto de corresponsabilidad y el trabajo coordinado de las instituciones en la atención a la infancia. Se cita la coordinación, pero no llegan a concretarse los procedimientos y las estructuras que la hagan posible. Por ejemplo, para la atención a las víctimas de violencia debería establecer la creación de unidades asistenciales, juzgados específicos de infancia, estructuras y protocolos que integren a los diferentes profesionales y especialistas para evitar molestias añadidas a las víctimas y a sus familias; lo que constituye en la práctica totalidad de los casos un proceso de revictimización.
A veces, los conflictos de competencias entre administraciones impiden o dificultan en gran medida una atención integral a las necesidades de la infancia. Para garantizar su eficacia en la gestión de recursos y coordinación de las administraciones, desde nuestro criterio, este proyecto de ley deberá dejar bien claro que todas las administraciones, sin exclusión, tienen competencias en mayor o menor medida en las materias de promoción de los derechos de la infancia, en la prevención de los problemas, en la notificación de casos de sospecha de violencia, en la atención integral de las víctimas, y en la protección y recuperación de los proyectos vitales de quienes los padecen.
Con respecto a los profesionales, contempla la conveniencia de una formación específica sobre las actuaciones que deben realizar ante los problemas de violencia y vulneración de los derechos de la infancia; una formación que consideramos que debe hacerse obligatoria para todos los profesionales que trabajan con personas menores de edad, ya sea en el ámbito público como privado.
Con todo, este proyecto de ley nos mueve a la esperanza de que en Andalucía seamos más justos con la infancia y dediquemos más medios, más y mejores recursos, para ofrecerle el presente y el futuro que se merece por derecho propio.
