La invasión de parte de Ucrania por Rusia ha desencadenado numerosos crímenes de guerra, ha generado una crisis energética y alimentaria mundial y ha alterado el sistema económico multilateral. Esta invasión desató y sigue desatando uno de los más graves atentados contra los derechos humanos y la mayor crisis humanitaria de los últimos tiempos. Este conflicto ha originado desplazamientos masivos, ataques a objetivos civiles, escuelas, hospitales y barrios residenciales rayando lo que se denomina crímenes de guerra.
La guerra ha originado una crisis energética con graves oscilaciones y cambios en los mercados, vaivenes en las economías de los países. Ha afectado sobre todo al mundo al que pertenecemos, la Unión Europea, con graves consecuencias para los más desfavorecidos de las sociedades. Y cómo no, todo esto ha afectado al mercado de alimentos, generando una crisis alimentaria que, sobre todo, se ha cebado con los pueblos africanos y asiáticos menos desarrollados y con falta de alimentos casi siempre.
Pero sobre todo ha puesto de manifiesto la hipocresía de los estados occidentales, entre los que se encuentra España, que reaccionaron con presteza a condenar contundentemente la agresión del ejército soviético, pero dándole la espalda a las graves violaciones de los derechos humanos que se producen a diario en otros lugares del mundo. Escaso tiempo fue suficiente para que la ONU condenase la invasión, se produjeran importantes sanciones económicas, se le dio la espalda a las acciones rusas, que encontró escasos aliados en el mundo, salvo Corea del Norte y China.
Esta respuesta firme y contundente hay que aplaudirla, pero contrasta con las que se han producido cuando hay que condenar a otros conflictos como los de Etiopía, Yemen o Myanmar. Ahora, en la actualidad, las potencias occidentales miran para otro lado ante las atrocidades que cometen sus aliados como Arabia Saudí, Egipto o Israel. Ante la necesidad de muchos ucranianos de abandonar primero su ciudad y sus territorios y después el país en busca de mayor seguridad para sus hijos, los estados de la unión Europea abrieron sus puertas, abrieron sus brazos para dar cobijo a nuestros hermanos de continente.
Fuentes, nuestro pueblo, fue un ejemplo de acogida para muchos de esos ucranianos que recababan ayuda y terminaron refugiados entre nosotros. Fuimos capaces de dar acogida a varias familias en un periodo récord. Pero la política de inmigración de esos mismos países mantiene cerradas las fronteras para quienes huyen de la guerra y la represión. No podemos olvidar que Europa pagaba a Turquía para que retuviera en sus fronteras a los sirios y kurdos que abandonaban sus casas para buscar otros lugares más propicios. Algo semejante ocurría con los habitantes de Afganistán, Libia o Sudán del Sur. Un doble rasero para cada pueblo y para cada etnia.
Nunca debemos olvidar que los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos los habitantes de la Tierra, sea donde sea que hayamos nacido, sea como sea nuestra lengua, costumbre o creencias religiosas. Por encima de todo, debemos pensar que todos pertenecemos al mismo género humano y que por haber tenido la suerte de haber nacido en un país con reconocimiento de las libertades debemos hacer todos los días el propósito de ayudar a los que padecen persecuciones por sus ideas o por su ideología, o por lo menos condenar esas acciones y estar dispuestos a aceptarlos en caso de necesidad.
Actualmente, en numerosos países de nuestro entorno están surgiendo partidos políticos que llevan implícita la no aceptación de la inmigración y el rechazo de personas de diferente color a la nuestra y, por tanto, de su aceptación en nuestra sociedad. En sus programas propagan las ideas de que los inmigrantes quitan el trabajo a los nativos. Sin embargo, frente a los países que rechazan a los inmigrantes y tener una política común ante este problema, los ministros el Interior de la Unión Europea han llegado a un consenso en una reunión celebrada en Luxemburgo.
Ese acuerdo supone la creación de un mecanismo de solidaridad que tiene como base la aceptación de dos nuevos reglamentos para tramitar y reubicar mejor las peticiones de los solicitantes de asilo. Cada Estado miembro al que lleguen las personas seguirá teniendo que asumir el proceso burocrático para evaluar si tienen derecho a la protección internacional de refugiado. Además, los Estados miembros tendrán dos opciones ante la llegada de migrantes: la reubicación o la compensación económica. En el primer caso, el país acoge a un número determinado de refugiados. En el segundo caso, ayudará a pagar los gastos del procedimiento de evaluación en el país de llegada (con un coste estimado de unos 20 mil euros por persona y año).
Según la ministra de Migración de Suecia, Maria Malma Stenergard, el acuerdo es "clave para un buen equilibrio entre responsabilidad y solidaridad" y además, ha apuntado que esta "basado en los valores europeos y la ley internacional". Si los estados firmantes de este acuerdo son capaces de cumplirlo, Europa caminará por la senda de protección del derecho universal de libertad de residencia.
