El pleno del ayuntamiento ha aprobado esta tarde, a propuesta del colectivo de afectados, pedir a los servicios de Consumo de la Junta que "inicie expediente de inspección y sanción correspondiente" para la compañía CHC que comercializa luz en Fuentes. La propuesta ha sido leía por José Manuel Mateos, en representación de la plataforma de afectados, y ha contado con los votos de todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Una veintena de miembros de la plataforma ha asistido al pleno en apoyo de su propuesta de resolución. En ella piden a Díaz Gálvez y a CHC "un trato ético y correcto hacia sus clientes" y les exige "el cumplimiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que evite dejar en una situación de subordinación, indefensión o desprotección al consumidor".
En su exposición de motivos, los afectados dicen que son más de 250 personas de Fuentes de Andalucía. La situación provoca "una acumulación de facturas que muchos de los consumidores no podrán asumir, creando la problemática de tener que acudir a la oficina de CHC Energía para fraccionar el pago y, en algunos casos, cortes de suministro por impago". En la mayoría de los casos la irregularidad se remonta a marzo de 2022 e incluso, en alguno de ellos, desde hace más de un año. "Esto evidencia los serios problemas que esta empresa está teniendo para hacer frente con seriedad y solvencia a la gestión comercial de un servicio esencial como es la comercialización de la energía eléctrica", recalca la resolución.
A lo anterior hay que añadir la falta de transparencia comercial a la hora de asumir responsabilidades y en la atención al cliente, "evidenciando una opacidad en la estructura empresarial y las relaciones contractuales entre distribuidora (Diaz Galvez Hnos), comercializadora principal (CIDE HCenergia) y la delegación de esta última en nuestro municipio (Comercial de Electricidad Fuentes de Andalucía SL) perteneciente esta a su vez a la distribuidora local Diaz Galvez Hnos". Los afectados resaltan que "estas circunstancias han sido utilizadas para eludir responsabilidad de cara a la atención al cliente, llegando a dejar en una situación de subordinación, indefensión o desprotección al consumidor".
Las irregularidades han provocado "un sinfín de reclamaciones de clientes en las oficinas de la citada empresa, reclamaciones que han sido acogidas de forma desabrida, cuando no maleducada, y muchas de ellas sin respuesta alguna por parte de la empresa". Por todo ello, los afectados han conseguido del ayuntamiento que haga suyas la reprobación pública de la compañía eléctrica y la petición de una sanción por parte de los servicios de Consumo de la Junta y exigir a la comercializadora que "proceda de forma inmediata a la facturación mensual o bimensual como establece el art.82 del RD 1955/2000 del 1 de diciembre". Otro de los puntos aprobados dice que el ayuntamiento ofrecerá asesoramiento y acompañamiento a los afectados de los servicios jurídicos y la oficina municipal de información al consumidor.
