Carmen Díez de Rivera, jefa de gabinete del presidente Adolfo Suárez en los momentos más decisivos de la Transición, parlamentaria europea ecosocialista -según su propia definición- muy respetada en los temas de medio ambiente, con extraños ojos rasgados que arrojan cataratas de luz -como decía una crónica de entonces- se lamentaba de que no se habían reconocido sus esfuerzos para que saliese adelante la ley de Doñana de 1978. No es de extrañar esta dedicación, estando ella en un lugar privilegiado que le permitía pulsar lo que ocurría en los diferentes ministerios y coordinar un asunto como este, en el que intervenían varios departamentos, no siempre con intereses coincidentes.
La aprobación de dicha ley, el 28 de diciembre de ese año, vino a concluir una primera etapa en la vida de la reserva biológica y el parque nacional de Doñana, iniciada en 1963 con la compra de las fincas del Coto. Quien retroceda en la historia hasta las primeras décadas del siglo XX, encontrará un Coto de Doñana cuya propiedad se va fragmentando, lejos ya la nobleza de los Medina Sidonia. Si lo comparásemos con un extenso tablero de ajedrez, podríamos decir que los propietarios jugaban con las negras, defensores de sus terrenos y de la caza que se practicaba en ellos, cerrados a su entorno, salvo para cruzar el Guadalquivir desde Sanlúcar. Las blancas estarían reservadas para los habitantes y corporaciones de los alrededores, siempre deseosos de que el Coto fuese más productivo, con agricultura y forestación para que hubiese más empleo y menos dificultades para vivir. A vista de pájaro, ganaban las negras.
La proclamación de la República supuso una esperanza para las blancas. El ayuntamiento de Almonte recopiló datos para demostrar el origen comunal de las tierras del Coto y la usurpación histórica que se había producido. Ganaron terreno los postulados desarrollistas, con la posibilidad de que llegase un ansiado despegue agrícola, ganadero y forestal, quedando enterrado el cazadero, “dispendioso y provocador”, según cuenta el profesor Juan Francisco Ojeda en su obra imprescindible Organización del Territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte), reeditada hace unos años. Llegó a publicarse en 1934 un Anteproyecto de carretera de Bonanza a Almonte para la comunicación directa entre Cádiz y Almonte. Cerca del 18 de julio del 36 se apuntaba la idea de convertir Doñana en Coto Nacional de Turismo, a lo que se opuso el alcalde de Almonte. Guerra civil. Terminada, seguían ganando las negras, a las que se suman nuevos propietarios, familias bodegueras de Jerez.
Más adelante entran en acción dos pequeños grupos de activistas, el de los naturalistas extranjeros -influyentes, divulgadores del mito interesado de una Doñana salvaje- y el de los biólogos, con José Antonio Valverde al frente, respaldado por una persona clave en la Administración, José María Albareda -menos conocido- secretario general del CSIC, miembro del Opus Dei, experto en Edafología. Juegan estos con mediana complicidad de las negras, consiguen que se compren terrenos, adscritos al CSIC -Ministerio de Educación- y que se constituya la Estación Biológica en 1964. Comienza la historia de la protección legal del Coto y las marismas. Cuando el 16 de octubre de 1969 se aprueba la declaración del parque nacional, “en beneficio del pueblo español y generosa aportación de España al Año Internacional de Conservación de la Naturaleza”, tenemos en el tablero a propietarios y naturalistas, por un lado, y pobladores del entorno por otro, recelosos estos de la decisión tomada.
No debió ver bien el Ministerio de Agricultura que fuese Educación el titular de los terrenos de la reserva biológica. La declaración de parque nacional, comprendiendo las fincas compradas, la marisma de Hinojos, algunas propiedades particulares y una franja litoral testimonial -que sumaban unas 35.000 hectáreas- supuso una jugada de recuperación del mando territorial por parte de Agricultura. Si bien el director de la Estación Biológica lo sería también del parque durante algún tiempo.
Los primeros años de vida del parque van a ver un progresivo alejamiento entre Valverde -cuyos objetivos eran investigación, conservación y divulgación, por este orden- y los naturalistas extranjeros, más cercanos a una visión ecosistémica de la investigación, no compartida por aquél. Concordaban éstos con ICONA en un objetivo: abrir el parque a los visitantes, un modelo recreativo en el marco del turismo de naturaleza. Aunque, en descargo, hay que decir que Valverde sí era conocedor de la importancia de las visitas para acrecentar el aprecio por los valores naturales del parque, según cuenta en sus memorias, pero no era su prioridad. En la esfera internacional se empezaba a defender, por entonces, que la conservación de la naturaleza debía traer aparejado el bienestar económico de las poblaciones. Aplicado al caso, reyes, torres, alfiles blancos y negros estarían abocados a una sinergia en pro del mutuo beneficio, hacer tablas, pero con ganancias para todos.
No estaba el nuevo espacio protegido precisamente cerrado. Si bien su población interior era muy escasa, lo atravesaban las peregrinaciones rocieras y, sobre todo, se daban grandes desplazamientos desde los pueblos del interior hasta la playa para pasar el veraneo en chozos y ranchos, cruzando los caminos del interior en vehículos y carros. Se ha dado la cifra de hasta 35.000 personas en la playa, formando extensos poblados que contaron hasta con un matarife propio para el suministro de carne.
Enfermó Valverde en abril de 1973, retirándose de primera fila por consejo médico, siendo sustituido en 1975 por Javier Castroviejo. El personal y los medios materiales de la Estación Biológica habían crecido muy poco a poco: un administrador, cinco guardas, dos investigadores, algún becario, un todoterreno.... Si bien Castroviejo siguió ostentando ambas direcciones, el ICONA -creado en 1971- ya se había puesto en marcha para gestionar el parque. Funcionó éste la primera década sin plan de gestión alguno, fiado a que las decisiones de sus gestores fueran las más convenientes. El biólogo Pedro de Andrés escribió en la revista Triunfo, en 1973, un artículo titulado Doñana o la ausencia de planificación.
Pero el nacimiento del parque nacional vino acompañado por otras disposiciones del régimen, a modo de limitaciones territoriales que se le imponían desde el principio: la urbanización de la playa de Matalascañas al suroeste, 700 hectáreas declaradas Centro de Interés Turístico Nacional en julio de 1969; la transformación agraria con aguas subterráneas del acuífero, 46.000 hectáreas del plan Almonte-Marismas, al norte; y el mantenimiento en manos de intereses privados de fincas en Marismillas, al sureste, que preludiaba otra posible urbanización turística. Personas como Valverde o Félix Rodríguez de la Fuente llegaron a pensar que eran males inevitables, cuyo impacto había que minimizar para que Doñana no sufriese mucho. En parte tuvieron razón y en parte no. Matalascañas se consolidó, las transformaciones agrarias quedaron a medias y el litoral del sur fue ganado para la conservación.
Dos interesantes trabajos de 1976 nos acercan a lo que ocurría en el Coto y las marismas por entonces. El del catedrático Fernando González Bernáldez, publicado en junio en la Revista de Occidente, que analizaba valores y problemas, y el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que prestaba especial atención a la amenaza estrella en aquel momento, muy presente en el debate social: la carretera litoral entre Cádiz y Huelva, a través de los sistemas dunares de Doñana, cruzando en barcazas el Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda. Si bien veían difícil la viabilidad de esta propuesta y planteaban la solución norte, por el interior, cruzando el río por encima de una presa. Ha sido éste un tema que no ha decaído a lo largo de décadas. Contó la opción litoral con el pronunciamiento favorable del Patronato del parque en 1974, órgano administrativo presidido por el gobernador civil, poco que ver con un consejo de participación social. Todavía en las elecciones de 2019 se reivindicaba por algunos partidos de derecha. Hoy parece que duerme.
Tuvieron que enfrentarse los gestores del parque nacional a un primer gran problema: la mortandad de aves ocurrida en el verano de 1973, achacada a los insecticidas clorados que se empleaban en los cultivos de alrededor, frente a la que solo pudieron retirar cadáveres para evitar un brote de botulismo. El escritor Miguel Delibes, que se encontraba en Sevilla aquel septiembre escribió como “en torno a la casa del guarda de Las Nuevas, las víctimas se arracimaban -hasta ocho o diez por metro cuadrado- en las pequeñas radas de los lucios” (periódico Informaciones, 28 de ese mes)
