Cuentan que a un consejero de un gobierno autonómico le preguntaron en cierta ocasión, durante una rueda de prensa, por el cambio climático, a lo que respondió muy serio “de eso aquí no hay, en esta comunidad no hay”. Y no era precisamente lo que hoy se llama un negacionista pero, puestos a identificar y gestionar los problemas ambientales de su entorno, pues uno menos y ya está. Para qué se iba a andar con complicaciones. Tendría bastante con los incendios, los residuos, el agua, la caza, quién sabe…

Ahora, muchos años después de esa anécdota, los partidos que sustentan al gobierno de Andalucía han suscrito que pretenden “revisar la ley 8/2018, de 8 de octubre”. Así lo dicen. Aunque los firmantes lo ocultan, se trata de la ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético de Andalucía, ese es su nombre completo. Acaso pensarán como aquel político: de eso en Andalucía no hay. De cambio climático, ni mijita. Que lo dicen los científicos, la ONU, la Unión Europea y el presidente del Gobierno, pues anatema, todos unos indocumentados que nos quieren asustar y estropear la vida. ¿Nada de energías alternativas? Pues como si fuesen una asociación de amigos del petróleo, dispuestos a quemarlo y quemarlo, como si la atmósfera y nuestro bienestar aguantasen que los niveles de CO2 suban hasta el infinito y más allá, conocida frase de una película.

No queda ahí el acuerdo. También van a revisar “todos los planes, órganos, estructuras administrativas, instrumentos y gastos derivados de su aplicación”, con el pretendido objetivo de “eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces”. O sea, que no quede ni rastro, hasta donde ellos lleguen -en los papeles-. El mundo al revés. La salvaguarda del futuro del campo y todos esos sectores, el blindaje frente al cambio climático, convertido para estos firmantes en chivo expiatorio. Como si fuese un virus letal o la ciclospora de este verano.

El presidente de la Junta de Andalucía suscribió este manifiesto el 2 de julio. Pero el caso es que pocos días después, seguro que impresionado por la tragedia de Almería, declaró ante las cámaras: “aquí el cambio climático está afectando de manera muy, muy importante, y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas”. Ante esta disparidad, de una semana para otra, es obligado preguntarnos a qué carta nos quedamos, si es que hay que quedarse con alguna. ¿Por qué no poner en pie el argumento del poli bueno y el poli malo?

Una solución para solventar contradicciones, inspirada en la propuesta que cierra el texto suscrito -sustituir la ley de Memoria Histórica por una llamada ley de Concordia- pero al revés, sería que los partidos del gobierno de Andalucía llevasen al parlamento una ley de Discordia climática. En sus artículos impares adoptaría medidas sobre el cambio climático, mientras que las disposiciones de los pares harían caso omiso a tal hecho -creencia, para algunos-. De tal forma que, en estos largos veranos, ante la urgencia de actuar contra los incendios forestales, la subida del nivel del mar o el aumento de días calurosos, se aplicarían los artículos impares, reconociendo que el cambio climático existe e influye para que esos fenómenos sean más extremos y destructivos. Cuando se produjeran inundaciones, como consecuencia de lluvias torrenciales, pues también. Pero el resto del año, artículos pares en vigor, nada de cambio y a disfrutar de la vida, que siempre ha hecho calor en verano y ha llovido en invierno, como dicen algunos, a los que por este camino la catástrofe les va a pillar desenredando los hilos de las agendas ideológicas.

Se desconoce el futuro del Plan Andaluz de Acción por el Clima, aprobado por el consejo de Gobierno en 2021 -fíjense en la fecha, que es importante- definido como el “instrumento general de planificación estratégica en Andalucía para la lucha contra el cambio climático”, redactado por mandato de la ley que ahora se acuerda derogar. Aún figura en la web oficial de la Junta de Andalucía que “su misión es integrar el cambio climático en la planificación regional y local para, a la vez alinearlas con los planes del gobierno de España, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, contribuyendo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.” Cinco años después de esta contundente afirmación, ¿es posible que, para el actual gobierno andaluz, mencionar el Pacto Verde y la Agenda 2030 sean como mentar la bicha? ¿Tanto han cambiado? Y no digamos lo que venga del gobierno de la nación.

Articulan este Plan tres programas: mitigación y transición energética; adaptación al cambio climático y comunicación y participación. Se preguntarán los lectores ¿transición energética? ¿Adaptación a qué? Con la que está cayendo. Incierto futuro para la oficina andaluza de cambio climático, los planes municipales contra este cambio, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, los observatorios de cambio climático o la perspectiva climática en los presupuestos (¿en los presupuestos? por favor, no me hagan reír). Ojalá que, aun nadando entre contradicciones, no sea así y Andalucía mantenga su hoja de ruta de futuro para beneficio del campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos, y los sectores productivos andaluces, justo lo contrario de lo que pregonan los firmantes del acuerdo.

Un apunte final sobre el compromiso que suscriben de no financiar zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces. Que la contaminación atmosférica reine en nuestras calles. Podrían haber añadido ¡Viva las enfermedades respiratorias! ¡Viva los neumólogos que van a intentar curarnos de ellas!