La defensa de la democracia hoy debe basarse en la defensa de los intereses de clase, la igualdad de género, las condiciones de la vida y la vida humana en el planeta y las soberanías territoriales. La izquierda tiene la obligación de interiorizar que no solo existe explotación de clase. Existe también una sangrante explotación de género, de la naturaleza y de unos pueblos por otros. Las guerras de Ucrania y el genocidio en Palestina hacen saltar por los aires no sólo vidas humanas, sino también la esperanza de una vida mejor y dispara el malestar social. Malestar que es el caldo de cultivo para el avance de posiciones neofascistas. Contra eso no cabe la moderación ideológica, discursiva o propositiva.
Por otro lado, igual que existe un vínculo entre centralismo, concentración de poder y posiciones conservadoras y reaccionarias, también lo hay entre el federalismo y los derechos de clase, de género, ambientales y territoriales. Al capital, a los capitalistas, le interesa simplificar y reducir el número de sus interlocuciones. Por eso trabaja para recortar las soberanías de las distintas comunidades políticas. La respuesta a la concentración de poder para la defensa de la democracia debe venir de la distribución cooperativa del poder.
La derrota del bloque reaccionario en las elecciones generales del 23 de julio de este mismo año, ha sorprendido a derecha e izquierda. El feminismo ha sido determinante. Solo la consolidación del feminismo interseccional y de clase, como principal baluarte político de la democracia y la solidez de posiciones soberanistas en territorios como Euskadi y Cataluña, han impedido la irrupción de la ultraderecha en el gobierno de España.
La apuesta del nuevo gobierno de España está atravesada desde el origen por la imperiosa necesidad del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, de pactar con Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont, para mantenerse en el gobierno de España. Esa necesidad también era sentida por la alta burguesía catalana con vistas a recuperar una agenda de negociación. La ley de amnistía era la condición para el pacto de investidura.
Lograda la investidura, puede aventurarse que la agenda social, feminista y ecologista del gobierno perderá intensidad y quedará relegada a un segundo plano. En el centro de la legislatura estarán las cuestiones territoriales y las relacionadas con la calidad de la democracia en España. Los dos frentes del gobierno de España, condicionado por su dependencia de los partidos vascos y catalanes, chocan fuertemente con el bloque reaccionario afincado en Madrid cuyo liderazgo ideológico es “trumpista”. El gran ejército del bloque reaccionario lo forman dos divisiones acorazadas, la judicatura y los medios de comunicación.
En este escenario, el gobierno de Pedro Sánchez no va a poder mantener sus posiciones de comprensión y apoyo al régimen del 78. Lo intentará, aunque de facto haya sido ya expulsado del consenso de la transición por el bloque reaccionario que se manifiesta en la puerta de sus sedes, arengado por la derecha y la ultra derecha. Por su parte, las burguesías vasca y catalana están estableciendo una alianza cooperativa para sostener el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de inversiones del estado, competencias estatutarias, y financiación privilegiada.
En esa situación, Andalucía no tendrá futuro. Lo mismo da que se sume al pacto entre elites que promueven las burguesías vasca y catalana con los poderes económicos del estado, como sí se deja llevar por el bloque reaccionario a un nuevo “a por ellos” liderado por Feijóo, Ayuso y Abascal, con Moreno Bonilla como ariete del sur. Aun no siendo iguales las dos opciones, el pacto entre elites y la concentración de poder reaccionario en Madrid, ambas conducen al incremento de la desigualdad ínter e intra territorial.
Andalucía no se hará ningún favor a sí misma si se deja llevar por el anticatalanismo. El “a por ellos” es una trampa mortal para los intereses de Andalucía. Por ese camino se sigue en la dependencia colonial de los poderes políticos, mediáticos y económicos radicados en Madrid. De otro lado, si se deja ningunear por las elites vasca y catalana, quedará atrapada en la desigualdad social y económica. Ahí sólo existe un puesto al final de la cola en los índices de desarrollo de las comunidades autónomas, como ya describimos en el anterior texto colectivo Andalucía es una nación en la España plurinacional.
Por todo lo anterior, la conclusión es que el andalucismo es la única ideología política que defiende los intereses del pueblo andaluz. La asociación Andalucía y Democracia mantiene en este texto colectivo, con motivo de la conmemoración de los cuarenta y seis años del 4 de diciembre de 1977, la necesidad de revitalizar el andalucismo político. Desde la Constitución Federal del Antequera de 1883, el andalucismo defiende los intereses de la clase trabajadora, los derechos de las mujeres y considera la naturaleza y los animales como objetivos de protección humanista.
En el actual contexto global, en el que el capitalismo en su fase neoliberal lucha a muerte contra la democracia, alimentando posiciones ultraderechistas, se hace imprescindible un andalucismo fuerte, que promueva en el estado español una salida republicana plurinacional mediante un pacto entre pueblos o comunidades políticas. La cuestión no es si la traducción partidista del andalucismo para el momento actual debe tener o no exclusiva obediencia andaluza; las dos posiciones son legítimas. La cuestión es determinar cómo defender los intereses del pueblo andaluz.
Los últimos datos del CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces) de febrero de 2021, señalan que el 68,5% de la ciudadanía andaluza se siente tan andaluza como española, el 13,4% más andaluza que española y un 10,5% más española que andaluza. Por otro lado, el CIS de febrero de 2020, señala que solo el 4,3% de las y los andaluces se sienten exclusivamente españoles, más de 19 puntos por debajo de comunidades como la Valenciana, 23,6 e incluso por debajo de comunidades como la vasca, 4,8% o la catalana 10,5%. Sin embargo, en la misma encuesta del CIS, Andalucía es, junto con Extremadura, la comunidad donde el sentimiento dual, tan andaluz como español es el más alto, el 78%. Estos datos describen el suelo sociológico en el que hay que plantar la semilla del andalucismo del siglo XXI y, consiguientemente, el sustrato que se ha de tener en cuenta para que el discurso andalucista crezca. Los datos son, consiguientemente coherentes con el carácter cultural mestizo de Andalucía.
Desde convicciones republicanas plurinacionales, abogamos por un pacto entre pueblos que acometa la supresión de la desigualdad territorial. Andalucía es la comunidad con mayor desigualdad y, a su vez, la que se identifica mayoritariamente con un proyecto de estado en común. Por consiguiente, queremos crear las condiciones políticas para que, en beneficio propio, Andalucía lance un proyecto de estado democrático, republicano y plurinacional que nos haga recuperar el peso político perdido en los últimos años como consecuencia del bipartidismo. Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.
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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la dirección de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista.
