En el año 1911 se produjo un enfrentamiento del ayuntamiento con el cabo de la Guardia Civil. Se inició el caso con la denuncia del regidor síndico del ayuntamiento, Sebastián Soto Adalid, en la sesión plenaria del día 28 de enero de 1911. En ella, manifestó dicho regidor que se veía en la necesidad de ocuparse de un asunto que, a su entender, entrañaba mucha gravedad, pero que por lo mismo no debía dejar en silencio. Se trataba, dijo, de la situación violenta e injustificada en que se había colocado la Guardia Civil de esta villa.
Continuamente llegaban individuos a la alcaldía quejándose de los insultos y malos tratos de que eran víctimas, sin razón que justificasen dichos extremos porque para corregir las faltas o delitos en que sus vecinos pudieran incurrir estaban los tribunales de justicia. Hacía pocos días, continuó diciendo, que el cabo comandante del puesto había desarmado en medio de la calle a un dependiente del resguardo de consumos, constándole que tenía tal empleo, sin tener para nada en cuenta que se trataba de un agente de vigilancia con nombramiento del alcalde, no sólo autorizado sino obligado a usar armas y, no pareciéndole esto bastante, llamó a uno de los cabos del resguardo a quien le dijo que dijera al alcalde de su parte que no le extrañase que un día desarmase a todos los vigilantes del ruedo, o sea de la ronda exterior, es decir que en vez de prestar la mayor protección y auxilio a estos vigilantes de la autoridad, los desarmaba, cohibía y amedrentaba restándole fuerza moral tan necesaria para impedir el matute, perjudicando así los intereses del tesoro público y los del municipio.
El día anterior se había situado en una de las entradas del pueblo una pareja del cuerpo de la que formaba parte el cabo, que fue deteniendo a todos los yunteros que regresaban después de terminadas sus faenas del día, registrándoles las alforjas y causándoles molestias y vejaciones, haciendo extensivos estos registros a los carruajes de los particulares, deteniendo el de la señora del primer teniente de alcalde del ayuntamiento, Francisco de Mola Falcón. A esta señora la sometieron a un impertinente interrogatorio, registrando el coche y pidiendo que les explicase el contenido y procedencia de una pequeña jarrita de leche que traía, lo que no podía tener más explicación que molestar y vejar al señor Mola por su representación dentro del ayuntamiento.
Agregó Soto Adalid que le constaba que el alcalde había mandado un recado al cabo de la Guardia Civil con el alguacil portero para que viniera a la alcaldía, contestándole a éste que si el alcalde quería hablarle lo citase en forma; así lo hizo el alcalde por medio de un oficio y a las 48 horas contestó con otro en el que decía que atenciones de servicio no le permitían acudir a la cita. A continuación, dijo que estas desatenciones para la primera autoridad del pueblo, que era por delegación la genuina representación del Gobierno, no podía consentirla por decoro el ayuntamiento. El prestigio de la autoridad de la alcaldía no podía estar a merced de un cabo de la Guardia Civil, ni en manera alguna debería tolerar el cabildo que sus convecinos fueran injustamente insultados y maltratados por estos guardias y en su virtud propuso a la corporación:
1º.- Que se abriese una amplia información para que todas aquellas personas que hubieran sido insultadas o maltratadas por la Guardia Civil se personasen ante el alcalde y expusiesen los hechos tal y como hubieran ocurrido y terminada esta información, fuera enviada copia certificada al coronel del cuerpo a los efectos procedentes.
2º.- Que no resultando decoroso siquiera que por parte del ayuntamiento se siguiesen guardando consideraciones a quienes tan mal cumplían la misión que tenían a su cargo, se suprimiese la dispensa que venía haciéndoseles a todos los guardias del pago de los derechos de consumo, la electricidad, suministro de aguas, etc.
3º.- Que todos los hechos relatados se pusiesen en conocimiento del gobernador de la provincia y del delegado de Hacienda.
4º.- Que de no ponerse inmediato correctivo a estos incalificables abusos, se suprimiese la consignación a la casa cuartel de la Guardia Civil, pidiendo incluso hasta la supresión del puesto de esta villa, ya que lejos de responder los guardias que aquí se encontraban a la alta misión para que fue creada tan benemérita institución, había dejado de ser garantía de las personas honradas, convirtiéndose en horror y espanto de las mismas, dándose cuenta de este acuerdo al director general de la Guardia Civil como justificación de la medida adoptada.
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El ayuntamiento, bien enterado de todo lo expuesto por el regidor síndico, cuyos hechos eran de dominio público, acordó que constase en acta la moción de. Soto Adalid, que todos los presentes hicieron suya y aceptar como acuerdo unánime de la corporación los cuatro extremos propuestos, procediéndose sin pérdida de tiempo a instruir la información testifical y a remitir al gobernador civil y al delegado de Hacienda copia certificada de esta moción y acuerdo.
No habían transcurrido a penas un mes cuando, el 4 de marzo del mismo año, el alcalde manifestó al cabildo que se veía en la necesidad de dar cuenta de un hecho muy sensible ocurrido en la población que ponía de relieve una vez más la escandalosa conducta del cabo de la Guardia Civil de este puesto y del guardia Ramírez. Expuso que, con motivo de la pasada fiesta del carnaval y con objeto de velar por la tranquilidad del vecindario, había encargado a los alcaldes de barrio Joaquín Herce Conde, Juan Lora Colorado y Francisco Márquez Caro que, estuvieron extremando la vigilancia durante las noches de esos días, recorriendo cada uno sus respectivos distritos a fin de que tanto por la autoridad de sus cargos como por el carácter de delegados de los tenientes de alcalde que a la sazón ostentaban por estar enfermo y ausentes los tenientes de alcalde, corrigieran cualquier abuso o escándalo que pudiera ocurrir.
Así lo habían realizado pero, en la mañana del tercer día de carnaval, había recibido una comunicación del alcalde de barrio del primer distrito, Joaquín Herce Conde, en el que le daba cuenta de que, a las 3 de la mañana de aquel día y al retirarse a su casa a descansar por estar en calma el distrito, fue insultado y agredido por el cabo de la Guardia Civil y el guardia Ramírez, a quienes encontró en la esquina de las calles San Sebastián y Alfonso XIII (actual Lora del Río), preguntándole el cabo que adónde iba y al contestarle que a su casa, le dio una bofetada tirándole al suelo el sombrero. Ante este hecho, Herce quiso hacerse respetar y hacerles ver el abuso de fuerza que cometían diciéndoles que él mismo era una autoridad, mostrándole el bastón insignia de su cargo, que trataron de arrebatárselo a viva fuerza entre los dos, teniendo que forcejear con ellos para impedirlo. Viéndose amenazado con los sables y revólveres, se tuvo que guarecer en el hueco de una puerta y gritar llamando al sereno, que al aparecer por el extremo contrario de la calle San Sebastián, se fueron los guardias con dirección al cuartel, no sin hacer antes el cabo un disparo con el revólver.
Agregó el alcalde que seguidamente que recibió la comunicación citada, instruyó un expediente en aclaración de los hechos, ratificándose en ellos Herce Conde, declarando los dueños de establecimientos, reposteros y portero del casino donde la guardia pasó la noche bebiendo y como del expediente se desprendiera, a su entender, un delito de atentado y desacato a la autoridad cometido por los repetidos guardias, había mandado estas actuaciones al juez de instrucción del partido con el mismo Joaquín Herce Conde ya que el juzgado municipal de esta villa y en virtud de las diligencias practicadas por el requerimiento del cabo de la Guardia Civil, había oficiado a esta alcaldía, pidiendo que por los agentes de la misma fuera detenido en el depósito municipal y a su disposición Joaquín Herce Conde.
Dijo también el alcalde que de todos los hechos que dejaba referidos había dado conocimiento al gobernador civil de la provincia, primero por telégrafo y después en un extenso escrito, agregando por último que según le habían manifestado, se encontraba desde la mañana de aquel día en la cárcel de Écija Joaquín Herce, poniendo todos estos hechos a la consideración del concejo para que acordase lo que estimara procedente.
Los concejales, enterados de lo manifestado por el alcalde y tras razonada discusión de que tomaron parte varios capitulares se acordó que constase en acta:
1º .- Haber visto con gran disgusto el atropello a la autoridad delegada del alcalde y a la persona del alcalde de barrio, cometido por el cabo de la Guardia Civil y el guardia Ramírez, que era repetición de los infinitos abusos que desde hace tiempo venían cometiendo, protestando en la más solemne forma de que se mantuviese en este puesto a unos guardias que, lejos de levantar el prestigio del cuerpo, lo perjudican grandemente.
2º.- Aprobar en todo la conducta de la alcaldía, autorizándola ampliamente para que en nombre de la corporación fuera a Sevilla, viese personalmente al gobernador civil, poniéndolo en antecedentes de la conducta que venían observando repetidas veces el cabo y el guardia y practicase cuantas diligencias creyese precisas para que la verdad resplandeciese y sufriesen aquéllos el castigo que merecían por el atentado cometido contra la autoridad.
3º.- Dejar bien consignado que tanto estos acuerdos como los tomados en la sesión anterior de suprimir la dispensa del pago de impuestos y arbitrios municipales a la guardia civil, en nada afecta al respeto, prestigio y consideración que el instituto merece, pero que no resultaría decoroso siquiera guardar consideraciones con quienes de tal modo procedían.
4º.- Que mientras permaneciese en la cárcel el alcalde de barrio, Joaquín Herce Conde, se hiciera cargo el ayuntamiento de todos los gastos que esta situación pudiera ocasionar, sin perjuicio de exigir el reintegro de esa suma, en su día, a quien correspondiese.
La solución del caso, al no ser propia del ayuntamiento, no está reflejada en ningún acta del mismo, así como desconocemos la versión de la propia Guardia Civil, por no constar en ningún documento.