De EE. UU. llegan vientos reaccionarios bajo la etiqueta de "Ilustración oscura", que no es más que un ataque radical a los valores de las Luces. La Ilustración fue un movimiento social que recorrió Europa impulsado por un poderoso caudal de ideas: la búsqueda de la felicidad, la actitud crítica, la soberanía de la razón, la legitimidad del sentimiento, el bienestar material, el interés público y el bien común. “El convoy semántico de las luces", tal y como lo definió el historiador François López. En este periodo histórico entró en crisis el sentido de permanencia y la idea de una ordenación jerárquica y estable; ya no se aceptaba el destino predeterminado "del nacimiento a la tumba" y, en su lugar, cobraron fuerza el criterio del mérito y la autonomía personal.
Asimismo, se dieron pasos de gigante hacia la concepción de la ciudadanía, al considerar al individuo como un sujeto de derechos. Esta metamorfosis del "súbdito” en “ciudadano" estuvo vinculada a la participación en los asuntos públicos. Durante el siglo XVIII, los Estados comenzaron a prestar mayor atención a sus sistemas educativos, conscientes de que los individuos instruidos resultaban más útiles para la prosperidad pública. Este afán de saber propició el afianzamiento y la sofisticación de los métodos de observación de la realidad. Como consecuencia, las comunidades científicas, cimentadas en la racionalidad y en el estudio de la naturaleza, se extendieron por todo el continente. Paralelamente, la transformación del orden ético y político —iniciada ya en el siglo XVII— erosionó la tradicional organización por estamentos, permitiendo que se propagara con fuerza la idea germinal de la igualdad entre los seres humanos.
Resulta inevitable recordar la definición canónica de la Ilustración: sapere aude. Esta expresión latina, original de Horacio y popularizada por Immanuel Kant, suele traducirse como «atrévete a saber» o «atrévete a pensar», y se convirtió en el lema del movimiento. "La nuestra es una época auténticamente crítica y a la crítica ha de someterse todo", afirmaba el filósofo de Königsberg. La Ilustración significa la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. "¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, etc., entonces no necesito esforzarme".
Seguramente, en los ejemplos kantianos hoy aparecerían los sistemas de navegación satelital, las aplicaciones de salud o los agentes conversacionales de la inteligencia artificial. Con solo poder pagar, ya no hay necesidad de pensar: otro asumirá esa fastidiosa tarea. Kant denuncia que este mandato se oye por todas partes: "¡No razones!". El militar ordena: "¡No razones, sino adiéstrate!"; el financiero exige: "¡No razones, sino paga!"; el sacerdote predica: "¡No razones, sino ten fe!". Hoy, siguiendo su lógica, podríamos agregar nuevos imperativos propios de la servidumbre digital: ¡No razones, deja que Google decida qué debes saber!; ¡No razones, deja que ChatGPT responda por ti!; ¡No seas tú mismo, exhíbete como dictan las tendencias de Instagram!; ¡No gobiernes tu atención, entrégasela a TikTok!
Kant llama «tutores» a todos aquellos que nos conminan a no razonar. Si en el siglo XVIII ese papel lo desempeñaban la religión y la nobleza, en el XXI han surgido nuevos tutores, muchos de ellos invisibles bajo la superficie de la red: nuevas aristocracias y señores feudales que aspiran a devolvernos a la minoría de edad.
El prestigioso especialista en historia de la tecnología Evgeny Morozov lo expone con claridad al advertir que hoy el mayor peligro no reside en los algoritmos ni en las plataformas digitales, sino en los magnates tecnológicos que las diseñan, financian y controlan. Los algoritmos carecen de ideología, voluntad e intereses propios; son herramientas inanimadas. Su diseño no es neutral, sino que responde a decisiones humanas que reflejan determinados intereses políticos y económicos. Son esos oligarcas quienes deciden los valores que se incorporan a los algoritmos, los objetivos que estos persiguen y los intereses a los que terminan sirviendo.
Deshumanizar el problema diluye la responsabilidad. Si culpamos a «la inteligencia artificial» o a «las plataformas algorítmicas», tratamos el fenómeno como si fuera una catástrofe natural inevitable, comparable a un terremoto o al clima. Al señalar a los oligarcas tecnológicos, Morozov devuelve el conflicto al terreno de la responsabilidad humana: detrás de ese enorme poder para influir en nuestras conductas, condicionar el debate público y moldear el funcionamiento de la democracia hay personas con nombres y apellidos que ejercen sobre nosotros una nueva forma de dominio feudal.
Así, pues, la amenaza no es la máquina que procesa datos, sino el multimillonario que la utiliza como herramienta de dominación para sustituir nuestra capacidad de juicio. Para lograrlo, el arsenal de estos nuevos tutores combina tres instrumentos formidables: la “gravedad plutocrática” —fortunas tan descomunales que les permiten dictar las reglas del juego a escala global—; la “autoridad oracular” —presentan los intereses comerciales de sus monopolios como si fueran el único futuro posible, convirtiendo decisiones empresariales en aparentes leyes inevitables del progreso y anulando el debate público, así como cualquier posibilidad de resistencia o regulación—; y la “soberanía de la plataforma”, es decir, la propiedad privada de los espacios digitales donde se despliega la conversación social. En definitiva, no solo concentran una riqueza extraordinaria, sino también la capacidad de definir el horizonte de lo posible y de controlar los principales canales por los que circulan la información, las ideas y, en buena medida, nuestro pensamiento colectivo.
“Si el intelectual público de ayer se parecía a un arqueólogo que excavaba metódicamente artefactos culturales para exponerlos en revistas para especialistas, el intelectual de hoy es un experto en demoliciones que conecta estructuras sociales enteras con explosivos ideológicos y los detona desde la distancia segura de sus cuentas en paraísos fiscales”, afirma Morozov. Claudio Alvarez Terán concluye «No escriben el futuro: lo instalan. Sus ideas no terminan en papers o en meras tormentas de tuits, sino en los pasillos del poder. Nuestros intelectuales oligarcas orquestan la sinfonía de la realidad: proponen futuros los lunes, los financian los martes y fuerzan su manifestación los viernes».
Ese proyecto político y tecnológico de los nuevos magnates es el que define la ideología de la Ilustración oscura. El nombre de este movimiento fue acuñado por el filósofo aceleracionista inglés Nick Land —el aceleracionismo busca comprender y reaccionar a las transformaciones tecnológicas y sociales provocadas por el capitalismo avanzado con la intención de acelerarlas lo máximo posible hasta disolver las estructuras políticas tradicionales—. Su manifiesto fundacional, La ilustración oscura, está escrito en un tono característico de los nuevos lenguajes digitales: combina el sarcasmo y la ironía con una jerga sectaria y una narrativa deliberadamente discontinua, a menudo críptica. No son pocos los filósofos reputados que han calificado algunos de sus pasajes de ininteligibles, al considerar que su hermetismo oculta más un vacío conceptual que una verdadera complejidad filosófica.
A través de este denso entramado conceptual, el movimiento desarrolla una furiosa crítica a la democracia liberal y defiende un neocapitalismo sin condicionamientos externos al mercado. Rechazan las leyes que restringen la actividad empresarial, las regulaciones estatales, los sindicatos, la ética social y los límites medioambientales. Al mismo tiempo, valora positivamente la eugenesia y propugna una monarquía tecnocrática autoritaria de carácter privado, concebida como una empresa privada al servicio de los megamillonarios tecnológicos contemporáneos.
La premisa fundamental de Land descansa sobre la provocadora idea de que la libertad y la democracia son incompatibles, pues considera que el sistema democrático funciona como una cultura de robo sistemático y una tragedia colectiva que ofrece a la población un arma para autodestruirse bajo la ilusión de obtener beneficios gratuitos. Sostiene que el electorado es adicto a exigir servicios, subsidios y protecciones carentes de financiación real, votando por derechos garantizados que no son más que promesas insostenibles. Bajo esta óptica, Land defiende la exención fiscal de las nuevas élites tecnológicas como un imperativo ético: si el Estado es solo un gestor de la ruina, la retención de capital por parte de los megamillonarios no sería un acto de insolidaridad, sino un sabotaje necesario para secar las arcas del "robo sistemático" y rescatar la riqueza de las fauces de una democracia devoradora. Sin embargo, esta tesis incurre en una contradicción insalvable: al eludir la fiscalidad, estos agentes socavan las infraestructuras de educación, legalidad e I+D pública que permitieron el nacimiento y prosperidad de sus propias plataformas. En consecuencia, tal "sabotaje" no es más que una forma de canibalismo institucional: destruyen el ecosistema que sostiene su propio negocio.
A diferencia de un monarca tradicional, que ve al país como su propiedad privada y tiene un interés patrimonial en preservarlo, el gobernante democrático actúa como un simple cuidador temporal. Al no ser dueño del stock de capital de la nación, este político sufre un incentivo irresistible para saquear la sociedad con la mayor rapidez posible antes de entregar el mando, destruyendo incluso aquello que no puede ser robado. Asimismo, Land arremete contra el concepto de igualdad, al que califica de mito biológico y de superstición ridícula equivalente a creer en duendes, sosteniendo que la desigualdad humana se exhibe constantemente en variaciones de fuerza, inteligencia, etnia, encanto y género. Esta postura, sin embargo, ignora la naturaleza de la igualdad no como una descripción estadística de las capacidades físicas o intelectuales, sino como un postulado ético indispensable para la convivencia civilizada.
Toda esta armazón teórica se complementa y nutre de las formulaciones de Curtis Yarvin, el ingeniero informático e ideólogo neoreaccionario conocido inicialmente en la red bajo el seudónimo de Mencius Moldbug. Yarvin parte de dos premisas fundamentales: la democracia es una enfermedad y, a diferencia de anarcocapitalistas que sueñan con la eliminación total del Estado para dejar todo en manos del mercado, el Estado no se puede eliminar. Para explicar por qué la sociedad confía ciegamente en este sistema fallido, Yarvin acuñó el concepto de "La Catedral", un complejo integrado por los medios de comunicación, la intelectualidad académica de las universidades, la burocracia política y el mundo del arte. La Catedral opera como una policía del pensamiento y una teocracia moderna, donde las universidades actúan como seminarios, los periodistas ejercen el rol de clero oficial y los disidentes son castigados con la marginación y la cancelación bajo la etiqueta de la herejía, fingiendo una neutralidad que la vuelve más insidiosa que una dictadura abierta. Esta arquitectura conceptual, sin embargo, revela una contradicción inherente: al definir a “La Catedral” como un sistema de control totalitario que silencia la disidencia,
Yarvin emplea un reduccionismo que invalida la pluralidad de la esfera pública. Su análisis ignora que la prensa, la academia y las instituciones artísticas no conforman un bloque monolítico teocrático, sino un ecosistema en constante pugna, atravesado por intereses diversos y frecuentes autocríticas. Al etiquetar cualquier consenso institucional como un dogma clerical, Yarvin no solo despoja a la sociedad de su capacidad de debate, sino que erige su propia estructura discursiva como la única “verdad” no contaminada. En última instancia, la crítica de Yarvin no busca una mayor apertura informativa, sino reemplazar la legitimidad democrática por una autoridad tecnocrática indiscutible, sustituyendo la supuesta “policía del pensamiento” de La Catedral por una censura de mercado igualmente dogmática y opaca.
La cura definitiva que propone Yarvin para erradicar esta enfermedad es el neocameralismo o gobierno corporativo, un modelo que reduce las sociedades humanas complejas a puras unidades económicas medibles solo por su productividad y consumo. El neocameralismo consiste en gestionar el Estado exactamente igual que una empresa privada: la riqueza del territorio se divide en acciones controladas por los sectores dominantes, quienes eligen a una junta directiva que a su vez contrata a gerente encargado de la gestión operativa racional para maximizar las ganancias a largo plazo. En este esquema, los habitantes dejan de ser ciudadanos con derechos políticos y se convierten estrictamente en clientes; interesarse en la política pasa a considerarse un delito.
Apropiándose de forma sesgada de categorías analíticas de Albert Hirschman, el modelo elimina la "voz" política —el derecho a la queja o al voto— y sitúa la libertad personal únicamente en la opción de la "salida", es decir, la posibilidad del cliente de mudarse a otro Estado-empresa si no está conforme con los servicios. Bajo este criterio excluyente, Yarvin despoja al sufragio universal de legitimidad y afirma que el sufragio femenino fue un error histórico porque volvió la política sentimental y moralista en detrimento de la eficiencia estratégica. Para lograr que la autocracia de estas élites resulte aceptable, el movimiento evita el debate moral y presenta sus propuestas como un problema de mayor eficiencia técnica, logrando desplazar la ventana de Overton para ampliar el margen de tolerancia social hacia discursos autoritarios. Finalmente, Yarvin postula la necesidad de un "reinicio" o reseteo drástico del sistema encaminado a destruir las instituciones de la Catedral mediante la nacionalización y reprivatización inmediata de todos los medios, universidades y ONGs, junto con el despido fulminante de toda la burocracia estatal para sustituirla por funcionarios estrictamente adictos al nuevo régimen corporativo.
Sin embargo, esta propuesta adolece de una falla lógica fundamental: al reducir la ciudadanía a la condición de cliente, Yarvin confunde la esfera pública con el mercado, ignorando que el Estado posee responsabilidades —como la justicia distributiva, la protección de derechos inalienables y la cohesión social— que no pueden ser maximizadas bajo una lógica de beneficio empresarial. La eliminación de la 'voz' política no garantiza una gestión más racional, sino que instituye un sistema donde la rendición de cuentas es inexistente y los mecanismos de corrección ciudadana son anulados. En lugar de superar las disfunciones democráticas, el neocameralismo impone una dictadura tecnocrática donde el 'cliente' carece de cualquier capacidad real para incidir en la dirección de su propio destino colectivo, sustituyendo la imperfecta pero perfectible soberanía popular por una tiranía discrecional de los accionistas.
La influencia del bloguero Curtis Yarvin y del filósofo Nick Land ha desbordado ampliamente los márgenes de internet: lo que comenzó como una especulación teórica se ha traducido hoy en políticas estatales reales. Figuras centrales del poder en Silicon Valley, como el inversor Peter Thiel, han financiado activamente este ecosistema ideológico, que vincula las propuestas de Yarvin con sectores supremacistas y grupos que promueven la limpieza étnica y la eugenesia. Este entramado de intereses ha facilitado una línea directa con la política institucional de alto nivel, consolidándose en la administración de Donald Trump. La elección de J. D. Vance como vicepresidente no es casual: Vance —protegido de Thiel y fiel seguidor de Yarvin— actúa como el brazo ejecutor de una agenda que ya está en marcha.
A través de organismos como el ICE, se están implementando políticas migratorias y de control poblacional que reflejan las tesis racistas de esta Ilustración oscura, convirtiendo la gestión fronteriza y el trato a las minorías en un laboratorio de la jerarquización social. Así, la estructura corporativa no solo reemplaza la democracia por un modelo de negocio, sino que lo hace bajo una lógica de segregación sistémica, donde el Estado-empresa se reserva el derecho de seleccionar, excluir o descartar individuos basándose en criterios etnocéntricos y de productividad, cumpliendo con la hoja de ruta que Land y Yarvin trazaron desde sus blogs y ensayos.
Aunque tales derivas pudieran parecer ejercicios de especulación teórica sin visos de materialización, el análisis de Mark Fisher en Realismo capitalista nos obliga a abandonar esta complacencia, también en Europa:
Tal y como han afirmado muchísimos teóricos radicales, desde Brecht hasta Foucault y Badiou, la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apariencia de todo “orden natural”, que revelemos que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia y, al mismo tiempo, que lo que se presenta como imposible se revele accesible. Es bueno recordar que lo que hoy consideramos “realista” alguna vez fue “imposible”: las privatizaciones que tuvieron lugar de la década de 1980 hubieran sido impensables apenas una década atrás; el paisaje político y económico actual con sus sindicatos alicaídos y sus infraestructuras y ferrocarriles desnacionalizados hubiera parecido inimaginable en 1975. Inversamente, lo que parece realizable hoy es considerado apenas una posibilidad irreal. “La modernización” observa Badiou con amargura, “es el nombre para una definición estricta y servil de lo posible. Estas “reformas” tienen el objeto excluyente de hacer que lo que alguna vez fue practicable se vuelva imposible, mientras se vuelve susceptible de lucro (para la oligarquía dominante) lo que antes no lo era”.
Quizás ha llegado el momento de desempolvar la guillotina, no para reclamar el patíbulo físico, sino para ejecutar el fin de nuestra complicidad económica. Mientras sigamos alimentando el crecimiento de estos potenciales monarcas tecnológicos con nuestro consumo, más abonamos el terreno para que sus aparentes despropósitos se conviertan en realidades ineludibles. Guillotinar sus beneficios, cortando la fuente de su poderío, requiere hoy un valor que excede la mera comodidad y una conciencia capaz de identificar que, en el modelo corporativo que proponen, cada clic de compra supone una firma en nuestra propia capitulación política. Solo recuperando el ejercicio del juicio crítico —nuestra soberanía individual— podremos desmantelar el andamiaje de esta nueva minoría de edad.
