Entre julio y septiembre del 36 fusilaron en Fuentes 116 vecinos y vecinas. Los fusilamientos cesaron a finales de septiembre, pero el reguero de muertes y el horror había paralizado el pueblo. En el resto del periodo de guerra que asoló el país, hasta abril de 1939, los habitantes de Fuentes quedaron sometidos a un férreo control impuesto por la comisión gestora del ayuntamiento, los falangistas, cuyo número aumentó considerablemente, y la guardia cívica. Fue impuesto el pensamiento único, no está permitida la más mínima contestación. No han bastado más de 100 asesinatos, hay que someter a los vencidos al silencio, a la postergación y a la miseria. Ellos se lo han ganado, dicen los vencedores. Ellos son los culpables porque han querido subvertir el orden natural impuesto por los ricos y poderosos. ¿Cómo unos pobres jornaleros pretendían que los poderosos les dejaran organizar al pueblo? ¿Cómo se podía consentir que unos cuantos muertos de hambre pudieran paralizar las recolecciones exigiendo la llamada “tarifa”?
Por ello les apartan del trabajo que tenían, les saquean sus casas, les queman sus enseres y sus pequeñas cosechas y chozos, les señalan y les relegan a guardar su dolor y quedan sometidos a humillaciones y desprecios para procurar los medios de subsistencia. La historia de Fuentes, nuestra historia, la historia de los acontecimientos acaecidos en el verano de 1936 tiene nombres y apellidos. Dos acontecimientos ajenos a los protagonistas nos permiten conocer la historia. El primero: el Registro Civil, que siguió al pie de la letra las normas que dictaron la Ley de 8 de septiembre de 1939 y el Decreto del 30 del mismo mes. Estas normas mandaban registrar a los muertos “caídos por Dios y por España”. Por ello hizo un registro de todas las personas que habían muerto víctimas de la barbarie y la sinrazón en aquel verano fatídico. Los familiares acudieron al Registro y dijeron la fecha en que habían sido asesinados sus padres, madres, hijos e hijas. Todos tienen como causa del fallecimiento “efectos de la guerra”.
El segundo: el gobernador civil de la provincia, Pedro Parias, había recibido numerosas denuncias anónimas de los sucesos que estaban ocurriendo en nuestro pueblo. Denunciaban la atroz persecución que se estaba llevando contra los jornaleros y sus familias. Las denunciaron personas del mismo estatus social e ideológico que los componentes de la comisión gestora del ayuntamiento. Para recabar información sobre lo que estaba sucediendo en Fuentes se personó en el pueblo el subdelegado gubernativo Eduardo Benjumea. De las investigaciones realizadas y las testificaciones de varios vecinos adquirió la convicción de que tanto el alcalde, Luis Conde Herce, como el jefe de Falange, Luis Conde Soto y el comandante de puesto de la Guardia Civil, el cabo Nicolás Moyano Vieco, habían actuado con parcialidad en las sanciones impuestas a varios vecinos al aplicar el Bando de Guerra dictado por el general Queipo de Llano y se habían excedido gravemente en dichas acciones de forma excesivamente sanguinaria.
El gobernador, ante esta información, destituyó fulminantemente al alcalde y al jefe local de Falange, sustituyendo ambos cargos y reuniéndolos en una sola persona. Por tanto, desde octubre de 1936 se formó una nueva comisión gestora municipal en la que figuraba como alcalde y jefe local de Falange el médico José Rodríguez de Moya y Picornel y como secretario de local de Falange, Manuel de la Mata y Ortigosa, secretario del ayuntamiento. Desde el nombramiento de la nueva gestora municipal se estableció una relación muy hostil entre estos dirigentes y el cabo Moyano, motivada principalmente por haber caído su amigo y apoyo Luis Conde Herce y unos enfrentamientos personales entre el cabo y el secretario. Tras las denuncias presentadas por el nuevo alcalde y el secretario se incoa expediente disciplinario al cabo Moyano, el cual ha permitido conocer en parte lo sucedido en aquellos tristes meses del verano del 36.
El expediente aclara los mecanismos y los elementos que se emplearon en la selección y condena de estos hombres y mujeres, con el único fin de sembrar el terror entre la población y que esta fuera dócil a las decisiones y directrices que se marcaban desde el poder. De él se deduce que se quiso descabezar el organigrama político local, condenando a los dirigentes políticos de una forma arbitraria, ya que quedaron libres ciertos dirigentes políticos locales que eran familiares del alcalde y, sin embargo, se ajustició a personas de gran valía humana y que fue como una especie de venganza hacia los jornaleros, todos ellos pertenecientes a la casa del pueblo, por haber pedido el salario justo a los patronos, pues los hechos demuestran una persecución violenta, casi obsesiva contra los que habían demandado a los patronos la denominada “tarifa”.
También podemos deducir del expediente que, tras la denuncia de los hechos ocurridos en un pueblo que durante el periodo republicano se había caracterizado por su pacífica existencia, las autoridades los consideran de tal gravedad que toman rápidamente iniciativas para acabar con tan vil tragedia y destituyen a los dirigentes políticos locales de mayor autoridad local y forman expediente al brazo militar, quizás por ser la rama de mayor debilidad y con menos contactos políticos.
Tenemos que saber también que todas las condenas quedaron impunes porque al brazo civil sólo se le condenó con su caída del poder y al brazo militar, tras muchos años e informes de instrucción, se le hizo un sobreseimiento de la causa por no encontrar pruebas suficientes para su condena, según consta en el legajo 160 del expediente nº 396/5908 del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Conforme se producía el triunfo de las tropas rebeldes en los territorios españoles, se iba implantado en ellos un nuevo régimen militarizado y autoritario, que seguía las consignas del fascismo y practicaba una violenta represión sobre los grupos políticos y sindicales que representaban a los trabajadores industriales y al campesinado.
Una de las principales piezas sobre las que se asentó el nuevo régimen fue el poder municipal. Los ayuntamientos se convirtieron en piedra clave para controlar el poder local, ya que tradicionalmente había sido un instrumento en manos de las oligarquías rurales para mantener su posición de dominio en la escala social. No nos debe extrañar, por tanto, que el franquismo, como régimen nacido de una coalición de fuerzas conservadoras privilegiadas, tuviera de nuevo el poder local como elemento básico en el ejercicio de la represión sobre los vencidos.
Desde los ayuntamientos, a través de las recién nacidas comisiones gestoras, la oligarquía agraria local controló políticamente al campesinado imponiéndole una férrea disciplina a través de un castigo severo, como hemos visto, hasta su muerte, y someterlo a la postergación y la miseria, tanto a él como a sus familiares. Se cebaron con excesiva crueldad con las mujeres a las que sometieron a toda clase de vejaciones, violaciones y ultrajes físicos. La presión ejercida sobre los que eran sospechosos de pertenecer a alguna organización de izquierdas era tan brutal que, en ocasiones, los hombres morían de susto y acobardados. Asimismo, todos los jornaleros, que pertenecían a la casa del pueblo y no fueron detenidos y, por tanto, tampoco fueron fusilados, eran obligados a acudir periódicamente al cuartel de la Guardia Civil con el único fin de tener sobre ellos un control para evitar sus posibles acciones insurgentes.
La situación de las familias de los fusilados se convirtió en una lucha por la subsistencia. Además de las penurias económicas, los hijos y las mujeres de los fusilados eran considerados como no deseables en la nueva sociedad al ser señalados como “rojos”. En una situación de suma violencia, en la que las personas son ajusticiadas sin el más mínimo juicio, aunque fuera para hacer el paripé, por los más nimias, raras y extravagantes razones, no es de extrañar que muchas personas se tomarán la justicia por su mano y abundaran las venganzas contra esos hechos, aunque en muchos casos pagaran justos por pecadores.
En nuestro pueblo podemos decir que no fueron muy numerosas, pero sí de mucha trascendencia debido al miedo que los habitantes tuvieron desde el primer momento y que les impidió reaccionar ante las situaciones que se iban produciendo día a día. Las dos venganzas que más trascendencias tuvieron fueron la quema de la cárcel de la Campana y el asesinato de una denunciante de la calle Aurora conocida como “La Morilla”. Desde los primeros meses de la guerra, grupos de población civil de la zona republicana abandonaron sus hogares ante el avance de las tropas rebeldes, atemorizadas por las posibles represalias de los “nacionales”, dirigiéndose hacia zonas que estaban en poder de la República. En Fuentes mucha gente huía del pueblo y se refugiaba en el campo, en los chozos que algunos familiares tenían. Este fue el caso de Ricardo Lora Aguilar, que arrendaba tierras para labrarlas.
Cuando se produjo la sublevación militar el 18 de Julio estaba barcinando unas tierras cerca del Donadío, donde tenía un melonar, iniciando ya su plena producción, porque en Fuentes alrededor de la Velá empezaban a salir los primeros melones de secano. Como tenía 6 hijos, para evitar problemas, decidió trasladarse a un “rancho” que su suegra poseía cerca de Palma del Río. Otros se refugiaron en este pueblo cordobés, con fuerte implantación del sindicato anarquista CNT, debido a que en él se habían organizado los llamados “Comités Revolucionarios”, que en mayor o menor medida impusieron el comunismo libertario y cuando fue conquistado por el ejército sublevado huyeron al frente. Y la mayoría huyó alcanzando el frente, sobre todo en la sierra cordobesa, para afiliarse al ejército republicano.
Acaba la guerra, los hombres que habían luchado defendiendo la República van volviendo a Fuentes, después de su paso por las cárceles o los campos de concentración. Han perdido la guerra, pero se aprestan a seguir luchando por conseguir el ideal de su vida: la libertad. Ideal que llevan grabado en el interior de su espíritu desde mucho tiempo atrás porque son hombres que han crecido con la democracia que representó la II República. Podemos decir, por tanto, que la lucha en Fuentes de Andalucía casi no se interrumpe una vez terminada la guerra. Entre los años 40 y 50 se desarrolla de diferentes formas. En esos años de posguerra la represión es bárbara, hay encarcelamientos a varios de los que regresaron del frente republicano y los que quedaron en el pueblo son estrechamente vigilados y represaliados.
Al volver encuentran sus organizaciones sindicales y políticas desarticuladas. Es necesario volver a organizarlas, aunque fuera en la clandestinidad, pero necesitan alguien capaz de hacerlo, aún poco a poco, alguien que fuera líder del movimiento obrero fontaniego. La forma en que se va tejiendo de nuevo la trama de oposición al nuevo régimen establecido en España era que unos camaradas se juntaban a otros que conocían y formaban pequeños corpúsculos aislados y sin conexión, pero muy frágiles para ser desarticulados, ya que sus componentes están fichados por las fuerzas del orden y por tanto fácilmente controlables.
Sin embargo, la oposición no ha perdido su base social, que vive aterrorizada, sin contactos e informaciones de ningún tipo y más desmoralizada, si cabe, desde la ocupación de Francia por Hitler, situación que viene a romper las pocas esperanzas que aún les queda de recomponer la desarticulada República. Son los comunistas y los sindicalistas de la CNT los primeros que intentan organizarse, aunque con gran dificultad e incluso desafiando a la gran represión que desde las fuerzas franquistas se ejercía sobre el pueblo. El partido que más le cuesta organizarse es el PSOE ya que sus dirigentes o bien han sido ajusticiados o están en el exilio desde donde dirigen el partido, pero alejados de la realidad social del país.
