En Andalucía, tierra de contrastes y de arraigo a los derechos conquistados, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha convertido lo público en un botín. Sanidad, educación, universidad y dependencia —pilares esenciales del Estado de bienestar— son hoy víctimas de una gestión que prioriza el lucro privado sobre el interés colectivo. Bajo el disfraz de un falso andalucismo, el presidente Moreno Bonilla dirige una maquinaria que desangra recursos públicos para beneficiar a empresas extractivas, mientras, la población sufre el desmantelamiento sistemático de sus derechos.
La sanidad pública andaluza, otrora orgullo de la nacionalidad histórica, hoy agoniza. Las listas de espera superan el millón de personas. Aunque el desmantelamiento lo inició la liberal centralista Susana Díaz, hoy es el presidente andaluz Juanma Moreno continúa la tarea privatizadora iniciada por el PSOE y ha cogido el testigo con gran entusiasmo. Así, el presidente Moreno Bonilla ha destinado 458 millones de euros a contratos presuntamente irregulares a empresas extractivas privadas con sede social fuera de Andalucía, fragmentando adjudicaciones para eludir el control y la transparencia democrática. Estos movimientos, que están siendo investigados por los juzgados de instrucción penal de Sevilla y Cádiz por presunta prevaricación, revelan un modelo que convierte la salud de las personas en mercancía.
El traslado de José Antonio Miranda, exdirector de gestión económica del SAS, en plena investigación por estos contratos, suma opacidad a un escándalo que salpica a altos cargos. Mientras, la consejera Rocío Hernández defiende una supuesta "colaboración público-privada" que ha situado a Andalucía como la cuarta comunidad más privatizada en sanidad pública.
El desprecio por lo público se extiende a la educación. El presidente Moreno Bonilla ha recortado 2.000 aulas en colegios públicos desde 2019 y ha subido la ratio por aula a 33 alumnos y alumnas. Simultáneamente, favorece a entidades privadas con autorizaciones exprés y financiación turbia. En las universidades, el panorama es aún más desolador: se han detraído 200 millones de euros de su financiación básica, ahogando su capacidad investigadora y docente. Por otro lado, se impulsan cinco universidades privadas, priorizando rentabilidad, no excelencia. El resultado es un sistema universitario público estrangulado donde las matriculaciones en privadas superan a las públicas en titulaciones clave como Odontología o Farmacia, perpetuando la desigualdad: solo quien puede pagar 25.000 euros anuales accede a ciertas carreras.
La dependencia, otro eslabón débil, sufre recortes encubiertos. El presidente Moreno Bonilla ha devaluado servicios esenciales para personas mayores y con discapacidad, incumpliendo acuerdos de financiación y externalizando su gestión, con una lista de espera de tres años. Esta desatención, sumada a la precariedad laboral del personal cuidador, refleja una política que abandona a los más vulnerables.
Las seis bajadas de impuestos consecutivas desde 2019 —incluyendo la eliminación del impuesto de sucesiones— benefician a las rentas altas, mientras Andalucía lidera el riesgo de pobreza (30,5%). Esta política fiscal, combinada con la privatización de servicios públicos, transfiere riqueza pública a manos privadas amigas. Ejemplo claro es el SAS: en 2024 destinó 231,5 euros menos por paciente que la media nacional, desviando fondos a clínicas privadas.
La gestión del presidente Moreno Bonilla es cuestionable ética y también legalmente. Además de los contratos sanitarios fraccionados, la Intervención de la Junta detectó irregularidades en el 92% de las adjudicaciones, por un total de 1.223 millones de euros. Estas prácticas, investigadas en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, apuntan a una presunta red de prevaricación y connivencia con empresas privadas, donde altos cargos se benefician de la puerta giratoria.
El presidente Moreno Bonilla se presenta como defensor de Andalucía, pero su "andalucismo" es una farsa. Por un lado, clama contra el concierto económico catalán y, por otro, aplica políticas que benefician a élites económicas externas. Su "revolución fiscal" no es solidaridad, sino saqueo: Andalucía exporta plusvalías a fondos de inversión y empresas madrileñas o vascas dueñas de universidades y clínicas privadas.
Su retórica de "libertad" encubre un modelo que libera a los poderosos de contribuir, mientras encadena a la gente andaluza a servicios públicos raquíticos. Andalucía no precisa discursos ni sonrisas falsas, necesita hechos. Urge una auditoría independiente de todos los contratos públicos. Frente al desprecio por la educación y la universidad hay que blindar lo público. Ante al falso andalucismo del presidente Moreno Bonilla, existe el verdadero: el que defiende hospitales públicos, atención primaria, educación pública y un servicio a la dependencia de calidad y sin retrasos.
El presidente Moreno Bonilla viene demostrando que su lealtad no es con Andalucía, sino con quienes ven en ella un territorio a explotar. Hay que defender y recuperar lo público antes de que el gobierno del partido popular lo convierta en un solar.
