Bien por azar o por oscura premeditación, el caso “Vacaciones y viajes” saltó a la actualidad cuando el caso “Kitchen” irrumpió en el mundo mediático cargado de injusticias con aroma a lawfare (Cospedal y su marido, M., Rajoy, Santamaría: de rositas pese a las pruebas palmarias). No hay parangón entre ambos. La gravedad del caso Kitchen —que no se discute en el ámbito jurídico— y que reside en la instrumentalización de las instituciones (Ministerio del Interior, fondos reservados, policía) para fines de partido, es infinitamente superior a las quijotescas intenciones de los participantes en Vacaciones y viajes. Leire Díez y Cerdán recuerdan al dúo de Pepe Gotera y Otilio, los famosos chapuceros de Francisco Ibáñez: como ellos, lejos de arreglar las averías, las empeoran y provocan una situación catastrófica en su intento de dirigir una estrategia que, en lugar de solucionar, termina por hundir todo lo que toca.

El caso Kitchen es, a todas luces, un delito de Estado que, a pesar de ser mucho más lesivo para la salud democrática a largo plazo, corre el riesgo de ser tratado como un evento histórico, amortizado o ya “digerido” por la audiencia frente a la voracidad de la actualidad diaria. La ciudadanía recibe una información sesgada si no se le permite poner ambos casos en una misma balanza de responsabilidad democrática; una cosa es el intento de un grupo privado —con la implicación activa o el beneplácito del entonces secretario de Organización del PSOE, ya cesado por el propio partido— por torpedear la justicia, y otra, la posibilidad de que el Estado haya sido utilizado como escudo contra ella.

El caso “Kitchen” es una patología sistémica que supuso la puesta en marcha de todo un aparato parapolicial financiado con fondos reservados, transformando al propio Ministerio del Interior en una herramienta de protección para el partido en el poder; una transgresión de los cimientos del Estado de derecho infinitamente más grave que cualquier maniobra de despacho. El quid de la cuestión reside en cómo la opinión pública y el ecosistema mediático jerarquizan la gravedad de los hechos. La disparidad en el tratamiento no responde a la importancia de los hechos, sino a la utilidad política de la noticia.

Entretanto, parece que el caso Peinado y el supuesto enchufe del hermano del presidente —hiperbolizado hasta la tortura—, comienzan, por fin, a desinflarse ante la falta de recorrido judicial. ¿Quién resarcirá del daño a la reputación, el linchamiento mediático y la deshumanización padecida por Begoña Gómez o David Sánchez, antes incluso de que los tribunales siquiera abrieran sus carpetas? Una vez que la maquinaria del escarnio ha cumplido su función, la inocencia judicial es un detalle irrelevante.

Este escenario vuelve a poner de relieve la existencia de varas de medir contrapuestas: mientras el foco mediático escruta obsesivamente el entorno de Sánchez, los casos análogos que afectan a los familiares de Feijóo en Galicia o de Moreno Bonilla en Andalucía permanecen en un discreto y protector segundo plano. Esta disparidad en el tratamiento mediático confirma que la atención informativa no sigue una lógica de gravedad, sino de conveniencia electoral, consolidando un panorama informativo distorsionado que priva a la ciudadanía de una visión completa y equilibrada sobre la actuación de sus representantes.

La diferencia de percepción mediática sobre estos casos radica, en gran medida, en la construcción del relato político. Mientras que las investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez han ocupado la apertura de los telediarios durante meses —a menudo basadas en denuncias de colectivos como Manos Limpias— casos que involucran a familiares directos de otros líderes políticos han recibido una cobertura drásticamente menor.

El caso de la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, se centra en la recurrencia de adjudicaciones públicas a la empresa Eulen, donde ella ocupa un cargo directivo. La controversia no reside solo en los contratos en sí, sino en la metodología utilizada: una parte sustancial se tramitó mediante la figura del “contrato menor”. Este mecanismo administrativo está diseñado legalmente para gastos pequeños y urgentes, permitiendo adjudicaciones directas sin necesidad de pasar por un proceso de concurso público competitivo. La gravedad del caso radica en que el volumen total de adjudicaciones a lo largo de los años asciende a decenas de millones de euros, una cifra que, al fragmentarse en múltiples contratos menores, ha evadido los controles de transparencia de las licitaciones ordinarias. Esta sospecha se intensifica al constatar que cargos públicos —incluida una prima del propio Feijóo en el área sanitaria— firmaron adjudicaciones millonarias a favor de dicha empresa antes de cesar en sus puestos. No estamos ante un episodio aislado, sino ante una relación comercial estructural y prolongada en el tiempo durante los años en que Feijóo presidía la Xunta de Galicia.

El caso de la hermana de Juanma Moreno Bonilla es la crónica de una designación polémica. El proceso se inició el 29 de mayo de 2019, cuando el inspector de Educación de Málaga abrió una convocatoria pública para cubrir la dirección provisional del conservatorio superior de danza Ángel Pericet, tras la jubilación del director anterior. Aunque la normativa permitía a la delegación de Educación realizar un nombramiento directo y discrecional, se optó por un proceso interno donde las candidatas debían aportar sus méritos académicos y profesionales. Tras la evaluación, Esperanza Utrera obtuvo la puntuación más alta (49,50 puntos), seguida por Dolores Moreno Bonilla (38,20 puntos) y Mónica Romero (30,20 puntos).

Pese a este resultado objetivo, la Inspección emitió un informe el 5 de junio que desaconsejaba el nombramiento de Utrera, argumentando que fuentes externas —incluidos inspectores y el director saliente— habían valorado negativamente su gestión en el curso 2004-2005. Basándose en esta recomendación, la delegación de Educación designó a la hermana del presidente. El caso generó una fuerte controversia, con denuncias de las otras aspirantes, quienes sostuvieron que el inspector admitió durante el proceso que la convocatoria se realizó para «no perjudicar» a la hermana del presidente y que se ignoró que el propio director saliente había rechazado la candidatura de Moreno Bonilla debido a quejas de alumnos y faltas de puntualidad.

Varios medios de comunicación nacionales y regionales informaron sobre esta polémica, detallando la diferencia de puntuación y la denuncia presentada por la aspirante descartada. Entre los medios que cubrieron el caso se encuentran: El País fue uno de los que tuvo acceso al informe de la inspección educativa que confirmaba las puntuaciones; El Confidencial publicó detalladamente la denuncia de la aspirante que quedó en primer lugar (Esperanza Utrera) y la postura de la Junta de Andalucía; La Vanguardia también realizó un seguimiento exhaustivo del caso en su momento; e Infolibre, que aportó un análisis pormenorizado del proceso y recogió los testimonios directos de las candidatas afectadas sobre las irregularidades percibidas.

El caso resulta, como mínimo, peliagudo: mientras en la investigación que afecta al hermano del presidente Sánchez la justicia aprecia indicios de irregularidad, en el de la hermana de Moreno Bonilla el carpetazo administrativo fue absoluto, a pesar de que el proceso de selección para la dirección provisional del conservatorio fue una crónica de oscuridad marcada por una contradicción insalvable entre los méritos acreditados y la designación final. Y la justificación de Elías Bendodo, por entonces portavoz del Gobierno andaluz — «No se requiere un concurso y se podría haber nombrado a cualquiera, pero, dentro de la mayor transparencia y en virtud de igualdad, mérito y capacidad, se ha hecho así»— resultan insostenibles: si se convoca un concurso es éste el que debe determinar al ganador por puntuación; apelar a la discrecionalidad para justificar un proceso competitivo que el propio Gobierno decidió amañar no otorga mérito alguno a la candidata elegida, sino que evidencia la farsa del procedimiento.

El caso de la hermana de Juanma Moreno Bonilla es un ejemplo perfecto de cómo se puede manipular un proceso público. Para elegir a la directora del conservatorio de Málaga había tres opciones claras: la candidata con mejores notas (Esperanza Utrera), la opción que recomendaba el director del centro (otras aspirantes) o, finalmente, la hermana del presidente. El proceso se resolvió mediante un truco lógico: cuando interesaba, la inspección daba validez absoluta a la opinión del director para vetar a la candidata con más puntos, alegando problemas de gestión. Sin embargo, cuando el mismo director advirtió que la hermana del presidente no era apta debido a sus faltas de puntualidad y quejas de alumnos, esa opinión fue ignorada por completo. La conclusión es evidente: se descartó a la que ganaba por méritos y se ignoró al experto que vetaba a la elegida, eligiendo precisamente a la persona que no debía ganar bajo ningún criterio lógico. Esta farsa demuestra que la convocatoria pública fue solo una fachada para asegurar el puesto, utilizando la «idoneidad técnica» como excusa para esconder un nombramiento decidido de antemano.