Tres desigualdades atenazan al pueblo andaluz y nos impiden avanzar: la desigualdad de clase, la desigualdad de género y la desigualdad territorial. Sostienen esa tenaza las manos del capitalismo neoliberal, el machismo trasnochado y las elites de los territorios más ricos. Enarbolamos contra ellas el sentimiento de clase, el feminismo y el pacto entre los pueblos. Las tres principales fuerzas transformadoras, unidas en una misma dirección serán las que levanten las barreras que impiden el desarrollo de una Andalucía más libre e igualitaria.

El patriarcado es el instrumento que el capital usa para apropiarse del tiempo y de los cuerpos de las mujeres para sostener los cuidados de los mayores, los niños, las personas enfermas y dependientes, sostener la vida. Desprecia el valor del trabajo no remunerado de las mujeres. Frente a eso, la lucha contra la desigualdad no se basa en tratar igual a los iguales, sino en tratar diferente a los desiguales. Y las mujeres son hoy las que soportan el mayor peso de la desigualdad.

Según la Encuesta de Estructura Salarial de 2021 del Instituto Nacional de Estadística -la última disponible-, el salario medio en Andalucía es un 10,6% inferior al salario medio en España. Si nos fijamos en el salario medio de las mujeres en Andalucía, es un 11,9% inferior a la media salarial de las mujeres en España, y un 21,1% inferior al salario medio de hombres y mujeres en España. Del mismo modo, según el INE, la tasa de paro a finales de 2023 en España era de 11,76%, en tanto en Andalucía era del 17,60%, casi seis puntos más. Comparando la tasa de paro de las mujeres andaluzas en el mismo momento, 20,68%, es casi nueve puntos superior a la estatal y más de siete puntos superior a la de los hombres en Andalucía.

Según datos recientemente publicados por el Ministerio de Trabajo, de las 2.437.100 personas perceptoras del SMI en España, 510.500 se encuentran en Andalucía. Un 20,9% del total, pese a que Andalucía representa el 17,8% de la población española. Si tenemos en cuenta que dos de cada tres personas que cobran el SMI son mujeres y una de cada tres es trabajadora agrícola, podemos afirmar que el mayor porcentaje per cápita de perceptoras del SMI se encuentra en Andalucía. Otro factor que explica que Andalucía esté entre las comunidades con salarios más bajos y que esto afecte particularmente a las mujeres.

Si analizamos la tasa AROPE (año 2022) que mide la pobreza, elaborada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, basada en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, por comunidades autónomas y género, el panorama no es menos elocuente. La tasa AROPE para España es del 26%, un 24,8% para hombres y un 27,2% para mujeres. En Andalucía es de un 35,8%, un 9,8% superior a la española y de las más altas del estado. Una sencilla extrapolación de los datos del estado nos lleva a estimar que en Andalucía el riesgo de pobreza es en la mujeres muy superior, lo sufre un 36,9% de hombres y un 40,5% de mujeres.

Podríamos analizar más datos comparativos, como la cuantía de las pensiones, la renta media per cápita, el número de personas perceptoras de desempleo o subsidios, el vínculo entre PIB y pobreza, el número de barrios pobres, los municipios con mayor tasa de desempleo y, siempre, comprobaríamos que existe una amplificación de la desigualdad de genero en aquellos territorios, como Andalucía, en los que la desigualdad socioeconómica respecto de los territorios más ricos es estructural.

Las desigualdades territoriales consecuencia de estructuras de extracción y explotación de recursos naturales, humanos y ambientales no solo se dan entre estados coloniales y estados colonizados. También se dan entre regiones y naciones de un mismo estado. Cuando las elites políticas y empresariales de las regiones peor situadas sirven como subalternas de otras regiones, en las que se asienta el poder político centralista y los despachos de poder del capital, podemos hablar de la existencia de colonias interiores. Es, como hemos advertido en textos anteriores, el caso de Andalucía dentro del estado español.

La función de Andalucía como colonia interna y el patriarcado se retroalimentan dañando más la vida de las mujeres, especialmente la de las mujeres andaluzas y más gravemente las migrantes que, como afirma el feminismo interseccional, sufren doble discriminación por ser mujeres y por ser migrantes. Existe un vínculo entre las desigualdades de clase, de género y de territorio. Dicho de otro modo, la desigualdad entre territorios del estado es causa de mayores desigualdades de clase y de género en los territorios con peores indicadores, como es el caso de Andalucía.

En Andalucía las desigualdades sociales y de género son amplificadas con la condena a la desindustrialización, la emigración, la concentración de la actividad productiva en la agricultura, el turismo, la construcción, o la explotación de sus recursos y mercados por grandes empresas con domicilio social fuera de nuestro territorio, imputando consiguientemente sus beneficios en el exterior de Andalucía. Por eso, sin las políticas industriales y de desarrollo productivo a las que tenemos el mismo derecho que otras regiones o naciones como Madrid, Euskadi o Cataluña, sin financiación autonómica y soberanía fiscal justa, la desigualdad estructural de Andalucía será persistente e irá a más.

Si el centralismo es el modo en que el capital reduce la complejidad de sus relaciones con las sociedades, la forma en que el neoliberalismo impone sus políticas económicas destructoras de derechos y servicios públicos, reduciendo el estado a un ente represor y judicial, es la descentralización federal/confederal la que alberga en su naturaleza la posibilidad de que los pueblos dispongan de soberanía para defender sus intereses ante la destrucción de la vida que el capital impulsa. El feminismo como principal fuerza de transformación social, con el andalucismo y las demás fuerzas cívicas y civilizatorias, debe exigir la ruptura de la desigualdad socioeconómica estructural que aflige a Andalucía y la somete al capricho de otros territorios del estado. El modelo debe ir hacia un estado federal/confederal fruto de un pacto entre pueblos en lugar de un pacto entre elites.

Este 28 de febrero de 2024, Día de Andalucía, todos los agentes sociales -sindicatos, asociaciones, entidades empresariales y agrarias con raíz en Andalucía, toda la sociedad civil organizada-, el mundo de la enseñanza, la sanidad, la investigación, la cultura debe exigir del gobierno andaluz y del gobierno del estado planes e inversiones para desconcentrar la actividad productiva y distribuirla por todos los territorios. Con Andalucía en un papel fundamental. No bastan los cuidados paliativos, hace falta la medicina que cure la enfermedad.
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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.