El 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz, que se constituyó como tal en las calles el 4 de diciembre de 1977, ejerció el derecho a decidir en la etapa democrática abierta con la Constitución de 1978. Hace cuarenta y un años de aquel referéndum en el que logramos colectivamente que Andalucía fuese nacionalidad histórica, siguiendo el procedimiento de su artículo 151. Nuestra capacidad de autogobierno, nuestro patrimonio constitucional, es fruto de una épica política popular y pacífica que vinculó derechos y libertades con la idea de progreso colectivo.
Nadie como Carlos Cano condensó mejor el significado de la autonomía para el pueblo andaluz. La murga de los currelantes dejó en los aires de Andalucia los motivos por los que el viento ondea la verdiblanca: “María, coge la rienda la autonomía, Marcelo, que los paraos quieren currelo… El mecanismo tira p´alante de la manera más bonita y popular, s´acabe el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca nos farten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperiá.”
La derecha que se opuso al referéndum pidió el no, para evitar que Andalucía aspirase a ser como la que más en el marco constitucional de lo que vino a llamarse estado autonómico, lo hizo con el lema “Andaluz, este no es tu referéndum”. Los herederos ideológicos de aquella derecha gobiernan hoy Andalucía, con el apoyo de la herencia de la dictadura genocida franquista que hizo de lo andaluz un esperpento servil. El pueblo que no defiende su libertad, su capacidad de gobierno, acaba esclavizado.
Vivimos otros tiempos. La crisis de 2008 se cebó en Andalucía con mayor virulencia que en el resto de comunidades autónomas destapando, por un lado, los defectos estructurales de nuestro sistema económico y, por otro, nuestra subalternidad política de decisiones tomadas por el poder central y las instituciones europeas en lo que llamaríamos etapa neoliberal de recentralización y concentración del poder.
De repente, con la crisis metabólica mundial del sistema capitalista, manifestada por el derrumbe financiero rescatado por el estado sobre las espaldas del mundo del trabajo y la reducción de la calidad de los servicios púbicos, Andalucía comprobó que una economía basada en el turismo de masas y la construcción, con sus consiguientes daños ambientales, territoriales y sociales, empleo precario, escasa industria, agricultura extensiva, extractiva y medioambientalmente insostenible, es altamente sensible a las crisis sistémicas.
Dos son a nuestro entender las causas históricamente próximas de la reducción de la autonomía andaluza a la dependencia política respecto de los gobiernos del estado y respecto de las políticas neoliberales europeas. Por un lado el proceso de recentralización intenso de las decisiones políticas sufrido a raíz de la crisis de 2008. Un proceso que impuso las reformas laborales lesivas para el mundo del trabajo, la práctica desaparición de la banca privada o pública anclada sobre intereses de los actores sociales y económicos de raíz andaluza, la legislación fruto de la reforma del artículo 135 de la CE pactada a espaldas del debate por las cúpulas del PSOE y del PP, que limitó la autonomía municipal y la soberanía autonómica tanto en políticas fiscales como en políticas económicas e inversoras. Por otro, la docilidad con la que tanto los gobiernos anteriores del PSOE, especialmente el último con el apoyo de Ciudadanos, aceptaron la desgracia diferencial de Andalucía en todos los indicadores sociales y económicos respecto de del resto de comunidades del estado y Europa. Bajo la expresión “lealtad institucional” se ha escondido en Andalucía el sometimiento del poder político andaluz a poderes centralistas residenciados en Madrid, poderes que ven Andalucía como un territorio colonial del que extraer plusvalías destruyendo territorio, medio ambiente, servicios públicos (privatizaciones) e inversiones sin retorno, ni fiscal ni inversor, hacia nuestro pueblo.
Es indudable que el poder en España está híper dimiensionado en Madrid, una provincia con verdadera independencia política por efecto de la capitalidad y la concentración de domicilios fiscales, dada la proximidad de sus cenáculos a la redacción del Boletín Oficial del Estado. Es indudable que España tiene varios problemas graves de carácter territorial, el centralismo aludido, la tensión de las ansias de soberanía del pueblo catalán, la España vaciada fruto de los agujeros negros extractivos de capital económico, natural y humano de la capital del estado y de las capitales autonómicas, la desigualdad territorial señalada por todos los indicadores de empleo, pobreza e industrialización que se ha visto ampliada por la crisis de 2008 y, este último año, por la crisis de la pandenia, y, por último pero no menos importante, una desigualdad fruto de una concepción radial del estado que concentra el peso de todos los poderes en el centro. Un centro, que sin ser el único, se ha convertido en el mayor foco de corrupción empresarial, institucional y mediática de España.
La crisis de la pandemia ha cogido al pueblo andaluz en una clara posición de debilidad política. Sabemos que aquel andalucismo transversal de finales de los años 70 y principios de los años 80, que logró situar la cultura andaluz, el acento andaluz, como palanca de progreso sigue ahí, se empieza a llamar tercera ola andalucista. No hay más que ver, oír y sentir la pujanza de nuestras manifestaciones creativas, cine, ciencia, arte, cante, copla, pensamiento, literatura, teatro, rap, rock, o flamenco gozan en Andalucía de la misma o más potencialidad expansiva que entonces. También sabemos que Andalucía no es su gobierno, ni necesariamente sus organizaciones políticas, mucho menos aquellas que intentan enterrar la bandera andaluza para enterrar su significado. La sociedad civil organizada en asociaciones, plataformas, fundaciones, grupos de interés, el sindicalismo y el empresariado andaluz, el feminismo y el ecologismo, las organizaciones agrarias, tienen, tomadas una a una, potencia y ganas de trabajar por Andalucía, de hacer que desde sus raíces en pueblos, ciudades y comarcas, crezcan iniciativas productivas que apalanquen la economía al territorio, que cuiden el medio ambiente, que sean igualitarias entre mujeres y hombres, y que den trabajo aquí para que nadie se tenga que ir.
Tarde o temprano el Estado español avanzará hacia un modelo federal que incrementará la soberanía de aquellos territorios que estén dispuestos a ser dueños de su futuro en el marco de acuerdos federales. El federalismo es la síntesis contingente histórica de soberanía y cooperación. El federalismo es la distribución del poder entre el pueblo y entre los pueblos. Andalucía no puede quedarse atrás en esta evolución política que necesariamente va a vivir España si es que de verdad se piensa que podemos vivir juntos y juntas en la diversidad democrática. El 28F de 1980 nos iban en el sí a la autonomía las libertades, el pan, el trabajo, la salud y la educación, la cultura popular y la vuelta de las y los emigrantes que quisiesen regresar.
En estos tiempos nos va lo mismo, ahora para ser soberanos y soberanas de nuestras potencialidades productivas fijadas al territorio. Sin federalismo hacia afuera y sin federalismo dentro, los motivos para la indignación y la lucha fragmentada se incrementarán. Esos motivos pueden convertirse en una pelea interna entre intereses andaluces, que nos hagan perder fuerza colectiva si no se articula un proyecto de país andaluz. Jaén, y Linares, están en lucha por el hastío y el abandono de los poderes políticos, Cádiz y Sevilla en riesgo de seguir perdiendo industria y multinacionales como ABENGOA, Almería necesita un plan para hacer compatible la agricultura con el medio ambiente ganando valor añadido, Granada no puede sufrir más expolios de órganos y poderes centralizando en Sevilla las decisiones y la gestión, Málaga necesita diversificación económica, Huelva reconversión industrial sin destrucción de empleo, Córdoba un fuerte mercado interno andaluz para su industria agroalimentaria y una apuesta por la producción ecológica. Y todas las provincias y comarcas andaluzas necesitan verse incardinadas con justicia y equidad en un proyecto de ámbito andaluz.
Está en manos de las y los andaluces, de la sociedad civil y de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, ayudar y cooperar para construir un proyecto federal para Andalucía capaz de defender nuestros intereses territoriales en el estado y en Europa. Los fondos de nueva generación europea han de servir a nuestra tierra para, sin alimentar crack sistémicos, hacer reformas estructurales de fondo en nuestro modelo productivo. La administraciones autonómicas y municipales han de potenciar los servicio públicos y el empleo de calidad en ellos; no hay pueblo político sin una buena administración de estado. Las inversiones públicas han de convertir los gastos de los servicios públicos en motores de la economía productiva fijada al territorio, bajo parámetros ecológicos, sociales y de igualdad de género. Si es preciso introduciendo participación pública en empresas privadas o directamente mediante empresas públicas.
Pensamos en líneas fuerza para preparar el futuro de Andalucía, que nada tiene que ver con insistir en el turismo y la construcción tal y como los conocemos. Pensamos en reindustrialización verde y tecnológica, pensamos en la producción de valor añadido con el conocimiento acumulado en nuestras universidades, pensamos en la vinculación entre de salud y ecología, con producción agroganadera e industria agroalimentaria, pensamos en la desconexión progresiva de los combustibles fósiles y la conexión al sol facilitando cluster tecnológicos de fabricación de componentes para la producción, distribución y comercialización endógena de energías renovables con capacidad de exportación de excedentes. Pensamos en la potenciación de la industria cultural andaluza en todas sus variantes y manifestaciones. Pensamos en inversiones para la rehabilitación patrimonial y energética de infraestructuras y núcleos urbanos. Pensamos en redes de ferrocarril que comuniquen nuestras ciudades y comarcas. Pensamos en la economía de los cuidados. Pensamos en que el valor añadido se reinserte en Andalucía con una fiscalidad adecuada y una primacía de las empresas radicadas en nuestro territorio.
El gobierno de la Junta de Andalucía y el parlamento andaluz, sede de nuestra soberanía popular, han de dejar de ser un gobierno gestor para pasar a ser un gobierno impulsor político interno y externo de estos cambios imprescindibles. Al igual que en la transición a la democracia la demanda de autonomía era imagen de libertades, derechos y progreso, la demanda federal ahora es símbolo de una Andalucía posible menos dependiente de avatares externos sobrevenidos. No caigamos en más trampas como la del “a por ellos”. Por sí, por Andalucía, es preciso que las y los andaluces nos arremanguemos para construir un horizonte popular sobre la base de un republicanismo cívico y democrático. Ese horizonte no puede ser más que un horizonte federal.
Colectivo Andalucía y Democracia
