El robo en las oficinas del ayuntamiento constituye un acontecimiento de una enorme gravedad en la vida pacífica de un pueblo sin grandes alteraciones del orden público a pesar de tener en ocasiones graves problemas de subsistencia y de falta de alimentos para su población. "En la noche del 28 al 29 de marzo de 1892 se perpetró un hecho punible y sin precedente en la localidad", según palabras de su alcalde de entonces, Francisco Javier de Escalera y Fernández de Peñaranda.

La casa consistorial, en la mañana del 29, según el testimonio de Dolores Zúñiga, encargada de hacer la limpieza, estaba abierta y sus puertas sin forzar. En un principio se extrañó de este hecho, pero pensó que podría ser que algún empleado municipal hubiese entrado a realizar cualquier trabajo urgente. Sin embargo, desde la entrada, comprobó de manera visual la situación que en interior había y corrió de forma precipitada a dar cuenta al secretario, de lo que había visto y no quería creer.

Este se presentó inmediatamente y  sin ver más que el salón bajo y la puerta del archivo abierta, sin pérdida de tiempo fue a dar conocimiento al alcalde. Ambos regresaron juntos al ayuntamiento y con gran sorpresa vieron que la cancela y puerta del salón de sesiones estaban abiertas de par en par; la del archivo abierta también con su propia llave, y en medio de este, fuera de su sitio de costumbre, el arca de hierro de 3 llaves, donde se custodiaban los fondos del municipio y pósito, a la que habían arrancado, en el ángulo derecho de la parte superior, la chapa de que estaba formada, arrollada de arriba abajo y presentando una cavidad suficiente para permitir la entrada de un brazo.

Ya no dudaron de lo que había ocurrido. El arca había sido destrozada para extraer su contenido. Poco después se pudo comprobar al ser abierta por un cerrajero, por ser imposible con sus llaves naturales, y en presencia del depositario, del secretario y de otros oficiales de secretaría, que los ladrones no habían dejado en el interior ni un solo billete del Banco de España de los que contenía.

Inspeccionado todo el edificio se comprobó que la planta alta, donde estaban situadas las oficinas, presentaba un aspecto aterrador; todos los cajones de las mesas y escritorios, que se acostumbran a cerrar con llave, se encontraban abiertos a la fuerza, al parecer con una barrena gruesa, su interior revuelto y robadas por los ladrones las pequeñas cantidades que en ellos guardaban los oficiales Manuel Mazuelos y Antonio Estrada; la mesa del centro que ocupaba el secretario tenía abiertas de igual modo las taquillas de su frente y por el suelo esparcidos los objetos que en ellas se guardaban. La habitación del centro, destinada al archivo provisional, también acusaba el paso de los malhechores. Su puerta estaba forzada y un arca de madera, donde se guardaban las colgaduras, tenía la cerradura saltada y su contenido revuelto.

La cantidad robada de la caja ascendió, según el balance verificado en presencia del juzgado de instrucción, a la suma de 6.450 pesetas; de ellas, 2.873,90 al pósito y el resto a fondos municipales. Se salvaron las 9,36 pesetas que estaban en poder del depositario.

Dos días después, el 31 de marzo,  el alcalde suspendió de empleo y sueldo al jefe de los municipales, Antonio Milla León; al alguacil, José Fernández Caro, y a los serenos, Pedro Rovira López y Juan Hidalgo Romero, seguramente acusándolos de negligencia. Tanto el juez municipal como el jefe de la Guardia Civil e individuos que componen el puesto de esta villa, habían practicado y continuaron practicando las más activas diligencias en averiguación de tan vandálico hecho. El asunto del robo del ayuntamiento pasó a los tribunales de justicia.

La Audiencia de Osuna archivó el caso en mayo del mismo año y no volvió a saberse nada más hasta el 4 de octubre de 1899, siente años más tarde, cuando la comisión municipal de Hacienda presentó un escrito haciendo participe al cabildo del robo cometido sobre los fondos de propios y los del pósito, que ascendían los primeros a 3.576,10 pesetas y a 2.873, 90 los segundos.

Hacía hincapié dicha comisión en que desde aquella noche venía figurando en los arqueos de ambas cajas y en toda la contabilidad, la nota del robo, como una cantidad pendiente de formalización, y por el tiempo transcurrido no era de esperar que se realizara el reintegro descubriendo a los autores del delito y encontrando el dinero robado. Por ello, ya que la permanencia de tal nota perturbaba la administración, haciendo aparecer como existente en caja cantidades considerables de las que no había esperanza alguna de reintegro, creía esta comisión conveniente se procediese a formalizar tal partida por los medios que la ley autoriza, dejando a salvo el reintegro de los fondos, si por algún milagro pudieran conseguirse.

Por ello proponía que en el próximo presupuesto adicional se hiciera una consignación para figurar el pago del robo, con cargo a la existencia ficticia que de él resulta y aprobado definitivamente dicho presupuesto, se otorgara el oportuno libramiento con cargo a la existencia robada y justificado el documento administrativo con copia certificada del auto de sobreseimiento que se reclamará por mediación del juez del partido a la secretaría donde radicase el archivo de la extinguida Audiencia de Osuna.
Así fue aprobada por unanimidad la propuesta para poner fin a los daños causados por el robo al ayuntamiento, de cual nunca más se supo.